Hace un par de días, los regímenes de Nicaragua y Venezuela anunciaron su decisión de poner en libertad a presos políticos, según sus dirigentes, como un gesto de buena voluntad. Todos sabemos que ello responde a un deseo de mostrarse dialogantes frente a las amenazas intervencionistas de Estados Unidos y el riesgo que implican las pulsiones imperiales de Donald Trump.
Más allá de las motivaciones, algo sobre lo que también conviene reflexionar es lo que sucede cuando se borran los controles y se logra arrodillar a las instituciones judiciales. Para ambos casos, bastó la voluntad de esa suerte de monarquía absolutista para liberar a decenas de detenidos cuando, en cualquier democracia, más o menos funcional, algo así debería haber sido resorte de los jueces –lo cual sugiere que, así como no hubo preguntas por la liberación, tampoco las hubo por la detención–.
La pesadilla de cualquier sociedad es no tener un sistema de justicia independiente.
Tanto Daniel Ortega como Nicolás Maduro, apenas llegar al poder, entendieron que los jueces y los fiscales son instancias de la máxima importancia y que someterlas es parte del guion de cualquiera al que le incomoden las reglas de la democracia, ancladas en la existencia de mecanismos de rendición de cuentas.
Desafortunadamente, por más que haya utilizado una efectiva propaganda, lo de Nayib Bukele –que ya anunció su pretensión, por ahora, de quedarse 10 años en la presidencia (esto es, casi el mismo tiempo que ha estado Maduro)–, no dista mucho del comportamiento de los otros autócratas de la región.
Dejemos de lado la visita de esta semana a Costa Rica y el penoso espectáculo al que va a llevarnos el Poder Ejecutivo, que, colgado de la popularidad de un político extranjero, quiere convencernos de que, con esta nueva puesta en escena, vamos a creer que con inaugurar el inicio de una obra –que fueron incapaces de construir en cuatro años–, algo va a cambiar en el retraso de la infraestructura penitenciaria del país. Con tal carencia infraestructural dejarán al país en mayo próximo, con todos los riesgos que ello conlleva, considerando la crisis de violencia que hemos padecido en este cuatrienio.
La cuestión con Bukele traspasa el tema carcelario, por más que algunos –embelesados por mesianismos tercermundistas– sigan defendiendo lo indefendible. Bukele no es el presidente que “derrotó” a las maras. Bukele es un líder que ha seguido a pie juntillas el manual del buen dictador centroamericano, desmantelando el de por sí débil Estado de derecho salvadoreño y borrando cualquier forma de oposición. Y su relación con el Poder Judicial es un ejemplo del tamaño de una catedral.
Durante los primeros años de su primer gobierno, Nayib Bukele sostuvo públicas discrepancias con integrantes de la Corte Suprema de Justicia y de la Fiscalía. En 2020, los magistrados de la Sala de lo Constitucional lo reprendieron por haber amenazado al Congreso con el ejército si no le aprobaban un préstamo. Esa misma jurisdicción anuló decretos proferidos durante la pandemia que autorizaban a realizar detenciones sin orden judicial contra aquellos que desobedecieran las medidas sanitarias impuestas.
Así, en 2021, cuando se hizo con una supermayoría legislativa, violando flagrantemente el proceso de destitución previsto en la Constitución, removió al fiscal general y a los magistrados que intentaron ponerle límites y los reemplazó por figuras que, desde entonces, han refrendado todas sus decisiones y que habilitaron, en contra de la literalidad de una norma constitucional, la reelección presidencial indefinida. A gusto de un dictador.
Consciente del poder que había conseguido, a finales de ese año, impulsó una reforma que hincó al brazo judicial. El 31 de agosto fue aprobado el decreto 144, con el cual se reformaron varios artículos de la Ley de la Carrera Judicial. El cambio normativo supuso la posibilidad de destituir a decenas de jueces de forma inmediata y fulminante.
Además, se creó un régimen de disponibilidad por medio del cual quienes fueran contratados en el aparato de justicia lo harían en una condición de mayor inestabilidad, lo que otorga un alto margen de discrecionalidad para hacer movimientos y traslados. Luego de eso, la prensa ha documentado –alguna tan poco sospechosa de abrazar una cultura progre, como los diarios El Mundo, de España, o Clarín, de Argentina– el nombre de jueces que, después de haber cuestionado el sistema o de haber dictado resoluciones repudiadas por Bukele, fueron trasladados a municipios al interior del país como medida de presión.
Ese es el flamante invitado al que nuestras autoridades pasearán este miércoles 14 de enero por los módulos de La Reforma: un señor cuyo vicepresidente no ha tenido empacho en admitir que ha habido cientos de personas detenidas por error.
Arabia Saudita también tiene bajísimos índices de violencia homicida, incluso mejores que los de El Salvador (0,9 homicidios por cada 100.000 habitantes, según datos del Banco Mundial). Pero eso no significa que, como se ha reportado, alguien en su sano juicio quiera emular a un régimen que, todavía en el siglo XXI, decapita personas, hasta hace siete años impedía a las mujeres tener licencia de conducir o manda a asesinar brutalmente a periodistas críticos.
El blanqueamiento de un estilo de gobierno como el de Bukele quizás resulte útil en lo inmediato, pero, más temprano que tarde, la historia pondrá las cosas en su justa dimensión. De lo que no hay duda es que desde ahora sabemos quiénes aprovecharon el apoyo popular de un autócrata –como en su día pasó con Mussolini o Pinochet– para alimentar egos o afianzar el propio desprecio por la democracia. Es cosa de tiempo, aunque sus costos sean irrecuperables.
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Marco Feoli fue viceministro y luego ministro de Justicia y Paz en la administración Solís Rivera.