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En el 2025, Costa Rica se ubicó en la posición 40 del Índice de Desempeño Ambiental, con 55,5 puntos. El resultado la mantiene por encima del promedio mundial, pero confirma una señal estratégica que ya no puede ser ignorada: el país ha perdido dinamismo relativo en la agenda ambiental global.
El capital reputacional construido durante décadas sigue siendo significativo, pero ya no garantiza liderazgo efectivo ni ventajas comparativas automáticas en un entorno internacional cada vez más exigente y competitivo.
La ausencia de una mejora significativa en la variación a 10 años sugiere que el país ha entrado en una fase de rendimientos decrecientes. El modelo ambiental que permitió avances notables en décadas anteriores parece haber agotado su capacidad de generar mejoras adicionales sin reformas profundas. En otras palabras, Costa Rica mantiene lo logrado, pero no está transformando sus sistemas productivos y urbanos con la velocidad que exige el contexto global.
Desde una perspectiva de política pública, el desempeño confirma la existencia de una base institucional sólida, marcos regulatorios avanzados y logros históricos en conservación, cobertura de servicios básicos y control de ciertos contaminantes. Sin embargo, también evidencia un fenómeno de estancamiento estructural. Costa Rica conserva lo alcanzado, pero no logra dar el siguiente salto. El modelo ambiental que fue innovador en su momento muestra signos de agotamiento frente a desafíos más complejos, sistémicos y transversales, que requieren reformas profundas y decisiones políticamente más costosas.
El resultado agregado esconde fuertes asimetrías internas. En protección formal de ecosistemas, particularmente en áreas protegidas terrestres y marinas, el país alcanza niveles cercanos a la excelencia. No obstante, esta fortaleza institucional no se traduce en una mejora equivalente del estado real de los ecosistemas. La biodiversidad es el indicador más elocuente de esta brecha: el deterioro del hábitat de las especies refleja fragmentación del territorio, presión productiva creciente y una gestión insuficiente del paisaje fuera de las áreas protegidas. Se protege el perímetro, pero se debilita el sistema en su conjunto.
En los bosques, la contradicción es menos visible, pero igual de preocupante. Costa Rica logró frenar la deforestación masiva y conservar amplias extensiones de bosque primario, un logro indiscutible a escala regional. Sin embargo, la integridad del paisaje forestal se erosiona progresivamente por infraestructura vial, urbanización dispersa y un ordenamiento territorial fragmentado. La pérdida de conectividad ecológica reduce la resiliencia de los ecosistemas frente al cambio climático y compromete servicios ambientales clave.
Efectos de pesca y agricultura
Los ecosistemas marinos muestran uno de los rezagos más críticos. La pesca se consolida como uno de los principales pasivos ambientales del país. El mal estado de las poblaciones de peces y la persistencia de prácticas de alto impacto contrastan con el marco formal de protección marina. La brecha entre regulación y control efectivo es evidente y tiene consecuencias directas sobre los ecosistemas, la seguridad alimentaria y la estabilidad económica de las comunidades costeras.
La agricultura evidencia con claridad uno de los dilemas estructurales del desarrollo nacional: combina niveles de productividad competitivos con un costo ambiental elevado y crecientemente insostenible. La expansión de sistemas intensivos se traduce en un aumento sostenido de las emisiones de gases distintos al dióxido de carbono y en prácticas ineficientes de manejo de fertilizantes y agroquímicos.
Estas dinámicas aceleran la degradación de suelos, la contaminación de cuerpos de agua y la acumulación de pasivos ambientales. El exceso de nutrientes, el uso intensivo de pesticidas y la deficiente gestión del nitrógeno y el fósforo comprometen la base productiva del sector y erosionan su viabilidad a largo plazo. En términos económicos, la competitividad agrícola descansa cada vez más en externalidades ambientales no internalizadas, lo que plantea riesgos estratégicos para su sostenibilidad y para el desempeño ambiental del país.
Y es en el agua donde el país enfrenta quizá su mayor deuda ambiental. Los indicadores de aguas residuales son contundentes: se genera mucho, se trata poco y se reutiliza casi nada. Este rezago en saneamiento no solo afecta ríos y ecosistemas costeros, sino que expone una falla estructural de política pública que ya no puede seguir postergándose.
En salud ambiental, el desempeño se mantiene en una zona intermedia. El acceso a agua potable es amplio, pero persisten desigualdades territoriales significativas. La calidad del aire presenta un patrón similar: aunque el promedio nacional es aceptable, en las áreas urbanas la exposición a contaminantes asociados al tráfico, al transporte ineficiente y a la expansión urbana desordenada es elevada y sostenida. Estos impactos ya tienen implicaciones económicas y sanitarias que comienzan a ser visibles.
La gestión de residuos resume muchas de las limitaciones del modelo actual. El país genera cada vez más desechos, recupera una fracción mínima y sigue dependiendo de la disposición final. La transición hacia una economía circular avanza lentamente y carece de señales regulatorias y económicas suficientemente fuertes para cambiar comportamientos y estructuras productivas.
En cambio climático, la brecha entre ambición declarada y resultados efectivos se amplía. El desempeño del país es medio a nivel internacional. Aunque las emisiones de dióxido de carbono se mantienen relativamente contenidas, las de metano, óxido nitroso y gases fluorados crecen con rapidez, impulsadas por la agricultura y los residuos. El papel histórico de los bosques como sumidero muestra signos de agotamiento bajo el esquema actual, lo que limita su capacidad de compensar emisiones crecientes en otros sectores.
El mensaje de fondo es claro. La política climática costarricense ha sido eficaz en construir narrativa, planificación y reconocimiento internacional. Lo que falta ahora es una intervención decidida sobre las fuentes más difíciles: la agricultura intensiva, la gestión de residuos, los gases distintos del dióxido de carbono y los patrones de consumo energético.
Costa Rica no enfrenta una crisis ambiental inmediata, pero sí un riesgo estratégico creciente: convertirse en un caso de liderazgo reputacional sin liderazgo operativo. En un contexto en el que los estándares ambientales, comerciales y financieros se endurecen, permanecer en la zona media deja de ser una opción cómoda. El desafío no es sostener el relato, sino modernizar el modelo ambiental, alinear productividad y sostenibilidad, y traducir planificación, discurso y reconocimiento internacional en mejoras reales, sostenidas y verificables del desempeño ambiental del país.
lenincri@lenincorrales.com
Lenin Corrales Chaves es analista ambiental.
