Cuando una política pública puede costar vidas, la evidencia debe pesar más que las opiniones. En este tema, la evidencia es contundente: reducir los impuestos al tabaco no disminuye el contrabando. Lo que sí hace es aumentar el consumo y, con él, la enfermedad, la discapacidad y la muerte.
Quienes defienden bajar los impuestos suelen repetir que “el fumador seguirá pagando lo que sea”. Confunden la conducta de algunos individuos con el comportamiento de una población. Las políticas públicas no buscan cambiar a todos; buscan proteger al mayor número posible de personas. Décadas de investigación muestran que cuando el precio del tabaco aumenta, disminuye el consumo. Más fumadores abandonan el hábito, otros reducen la cantidad de cigarrillos y miles de adolescentes nunca empiezan a fumar. Ese es el objetivo de un impuesto en salud pública.
El otro argumento es que bajar los impuestos reduciría el contrabando. Sin embargo, esa afirmación no resiste el peso de la evidencia.
La Organización Mundial de la Salud sostiene que aumentar los impuestos al tabaco es la medida individual más eficaz para reducir su consumo. El Banco Mundial llegó a la misma conclusión desde la perspectiva económica. En su revisión internacional sobre comercio ilícito, publicada en 2019, concluyó que los impuestos desempeñan apenas un papel menor en el comercio ilícito y que combatir el contrabando y aumentar los impuestos son estrategias que se refuerzan mutuamente, no que se excluyen. Esa posición se mantiene. Esa posición no ha cambiado.
En 2024 y 2025, el Banco Mundial continuó promoviendo los impuestos al tabaco como una de las medidas más costo-efectivas para reducir el consumo, proteger la salud y aumentar la recaudación. Al mismo tiempo, ha insistido en fortalecer las aduanas, la trazabilidad y los controles contra el comercio ilícito.
El mensaje es inequívoco: el contrabando no se combate abaratando los cigarrillos. Se combate haciendo el delito más difícil y más riesgoso.
Reducir los impuestos sí tiene un efecto perfectamente conocido: hace el tabaco más accesible, especialmente para los jóvenes. Y cuando aumenta el acceso, aumenta el consumo. Con él, llegan más cáncer, más enfermedad cardiovascular, más enfermedad pulmonar obstructiva crónica, más discapacidad y más muertes evitables.
Combatir el comercio ilícito es una obligación del Estado. Pero hacerlo debilitando una de las políticas de salud pública con mayor respaldo científico sería un error de enormes proporciones. El crimen organizado no se combate renunciando a una medida que salva vidas.
Cuando la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial coinciden, después de décadas de evidencia y de la experiencia acumulada de numerosos países, la discusión deja de ser ideológica. La evidencia indica que bajar los impuestos no reduce el contrabando. Lo que sí hace es aumentar el consumo.
Bajo la lupa, la conclusión es ineludible: bajar los impuestos al tabaco no combate el contrabando. Solo aumenta el daño.
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María L. Ávila Agüero es pediatra infectóloga, jefa del Servicio de Infectología del Hospital Nacional de Niños y miembro de la Academia Nacional de Ciencias y de la Academia Nacional de Medicina.
