EscucharComo mujer, abogada y profesional convencida de la profesionalización del servicio exterior, me siento indignada por la violación de los derechos de Isabel Montero, embajadora de Costa Rica ante la Confederación Suiza.
Conocí a Montero durante mi paso por el Instituto Manuel de María Peralta. Una profesional de cultura exquisita, dominio de varios idiomas, de un profundo compromiso, con conocimiento de nuestro país, de los principios rectores de nuestra política exterior y una exitosa carrera diplomática.
Doña Isabel ha sido, además, una mujer valiente y guerrera, que ha tenido que enfrentar serios problemas de salud, entre ellos dos veces la enfermedad del cáncer, y por ello ha tenido que ser sometida a cirugías y varios pesados tratamientos.
En este momento se encuentra incapacitada por una cirugía de cáncer de seno, lo cual no fue obstáculo para que el canciller tomara la decisión de ordenar su traslado al servicio interno (Costa Rica) contra todo principio de humanidad y legalidad.
Si bien la rotación es un derecho del jerarca, en este caso pesan más el derecho a la vida y a la salud, pues la embajadora no está en capacidad de hacer un viaje transatlántico o una mudanza de país, además de comprometerse su estatus migratorio y seguro internacional.
Al ser interpelado sobre el recurso de amparo que ha interpuesto la señora embajadora, el jerarca ha dicho que de ser reinstalada en su cargo, ella no podrá ser más jefa de misión, situación que igualmente deberán definir nuestros tribunales, pues atentaría contra sus derechos, al pretender disminuirle su jerarquía e independencia dentro de la misión.
En este caso, además, vergonzosamente se presionó al gobierno de Suiza para que otorgara el beneplácito al nuevo designado, quien no domina los dos idiomas oficiales utilizados en el país de destino, carece de experiencia en el rango asignado y tal parece que su mejor carta de presentación sería el parentesco con uno de los viceministros de la Cancillería.
Esta designación se suma a la mala y recurrente práctica del gobierno de hacer nombramientos por inopia, un instrumento legal pero cuestionable porque se presta a la politización y desprofesionaliza nuestro servicio exterior. Hace bien la diputada Piszk en pedir cuentas a la Cancillería.
