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En 2016, el periódico sensacionalista The Daily Mail publicó en portada el nombre y la foto de los tres jueces que habían resuelto que la activación del brexit requería de la aprobación del Parlamento –a diferencia de lo que reclamaba el gobierno–. Lo hizo bajo el titular “Enemies of the people” (Enemigos del pueblo). Aquello supuso un punto de inflexión y distintos sectores (académicos, políticos y mediáticos) entendieron que se estaba cruzando una línea roja.
Exhibir a quienes tienen que tomar decisiones en el marco de un régimen democrático –muchas de ellas impopulares o que, por definición, no van a satisfacer a todo el mundo– es algo de la máxima gravedad, porque no se trata de cuestionar una resolución siguiendo los cauces procesales que ofrece el ordenamiento jurídico, sino de personalizarla y de deformar la imagen de alguien para someterlo a la presión y al hostigamiento, sobre todo en entornos digitales que con facilidad pueden escalar a físicos. Supone laminar uno de los elementos nucleares del Estado de derecho: la división de poderes y la independencia de jueces y juezas.
El gobierno de Rodrigo Chaves ha cumplido escrupulosamente con cada uno de los indicadores y las categorías que desde la Ciencia Política se han construido para definir a los movimientos populistas. La fabricación constante de enemigos a quienes responsabilizar por los problemas que más aquejan a la sociedad es uno de esos rasgos más característicos. Chaves lo ha hecho a lo largo de todo el cuatrienio. Y lo ha hecho –para que no haya dudas– más allá del fondo, utilizando la zafiedad y la agresividad (siempre me pregunto qué leerá un señor cuyo estilo es ese).
A Chaves le hemos escuchado comentarios machistas, edadistas y homófobos; ha llamado ratas a periodistas críticos y ha increpado en conferencias de prensa a sus propios ministros. Un coctel de civilidad, educación, patriotismo y, sobre todo, de una adhesión indiscutible por valores democráticos –como la tolerancia, los controles y los equilibrios, la deliberación, el respeto por las minorías y la rendición de cuentas–.
Sin embargo, creo que todo eso, por grave, penoso e injustificable, palidece frente a la teatral virulencia que el presidente ha ido alimentando, cada vez más atildada e hiperbólica, respecto a las instituciones de la justicia costarricense.
En su libro Twilight of the Democracy, la historiadora estadounidense Anne Applebaum documenta una serie de casos, como el venezolano, el húngaro o el polaco, que demuestran que el ascenso de fuerzas autoritarias y el debilitamiento de las democracias siempre, y sin excepción, llevan consigo el amedrentamiento, primero, y la captura, después, del aparato judicial.
Hace unos pocos días, un ministro dio el nombre de dos jueces incómodos para el Poder Ejecutivo a los que les repudió decisiones con las que estaba en desacuerdo. Ahora, que esto esté pasando en Costa Rica debería encender todas las alarmas. La judicatura solo funciona si actúa sin intromisiones, y cuesta ver una de mayor envergadura que exponer, de manera permanente, a sus integrantes con el nivel de temeridad e imprudencia demostrado por el gobierno, incluido el señor Chaves. Enardecer a las masas con información –por cierto, siempre incompleta y sesgada– pone en peligro la integridad física de esos funcionarios públicos y es un ataque directo a la línea de flotación de nuestra democracia.
Porque sí, se liquida la democracia cuando sus árbitros son sometidos a un nivel de asedio que compromete los márgenes de decidir con libertad.
Al tiempo, es inexplicable que no haya habido reacciones más vocales –incluidas las de la Corte Suprema– contra estos actos de repetido matonismo sin precedentes; o de solidaridad, al menos, con los jueces y las juezas víctimas de esas campañas de acoso y derribo.
Las reformas al Poder Judicial, como las reformas a los otros brazos del Estado, no pueden ser una justificación para no reconocer abiertamente cuando detrás de ellas late también otro objetivo evidente, pero espurio: debilitar la legitimidad del sistema –esto es, la confianza de la ciudadanía–. En nuestro caso, más perturbador es que esto haya estado promovido no por un tabloide, como en el Reino Unido de hace una década, sino por el propio Poder Ejecutivo.
Los jueces se equivocan, y deben estar sujetos a mecanismos de rendición de cuentas, pero que no se olvide lo esencial. Son jueces quienes reconocen un derecho violentado por la Caja, por ejemplo, y le exigen realizar una cirugía. Son jueces quienes juzgan y sentencian a femicidas. Son jueces también quienes absuelven cuando tienen dudas porque saben que es inmoral condenar a inocentes. Son jueces quienes no admitieron limitar la pluralidad por medio de la subasta de frecuencias de radio y televisión que querían las autoridades. Son jueces quienes conceden una pensión alimentaria a una mujer jefa de familia. Y juezas.
Por eso son indispensables –no perfectos–, porque dirimen toda clase de disputas y están llamados a controlar el poder. Pero también por eso es indispensable que las agresiones del Poder Ejecutivo dejen de verse como algo anecdótico para empezar a llamarlas por su nombre: amenazas inequívocas contra la democracia que no pueden desatenderse ni frivolizarse más.
mfeoliv@gmail.com
Marco Feoli fue viceministro y luego ministro de Justicia y Paz en la administración Solís Rivera.
