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Costa Rica no es una dictadura. Precisamente por eso, debemos hablar de los riesgos de avanzar en esa dirección, sin que la palabra sea vista como una exageración.
El 25 de julio anterior, terminó de salirse el genio de la botella: la palabra prohibida fue gritada frente a un público exaltado –que nunca sabremos si estaba comprendiendo el verdadero alcance de lo que se estaba diciendo–. Unos días después, se soltó irresponsablemente una frase aún más incendiaria: “golpe de Estado”. Cuando ese tipo de manifestaciones se dicen a la ligera desde voces de autoridad formal, se empieza a normalizar lo que era impensable. Se empieza a banalizar lo que es muy grave.
Recordemos que ya las democracias rara vez mueren de un golpe. Ahora se extinguen solapadamente, por directrices que debilitan controles, vetos políticos que asfixian la negociación democrática, reorganizaciones presentadas como modernización, presupuestos que reducen la capacidad de los órganos incómodos, sanciones desproporcionadas a actores privados no alineados, proyectos de ley confiscatorios que les dan superpoderes a algunas instituciones, gestos grandilocuentes que tergiversan hechos. La acumulación de pequeños gestos va erosionando la democracia. Puede incluso empezar en el escritorio de quien decide avalar alguno de esos gestos con su firma y sello, o cuando calla en vez de denunciar.
Hay quienes confunden tener mayoría con una licencia para doblar la ley o para acomodar la realidad a su gusto. Hago una aclaración a priori: no discutimos el derecho de un gobierno a gobernar, a impulsar su agenda ni a reformar un Estado que necesita cambios profundos. Lo que no compartimos es la tentación de tratar cada contrapeso como enemigo y presentar toda advertencia como parte de una conspiración. El control político no es complot ni descortesía. Es una obligación constitucional de quienes representamos a cientos de miles de votantes con pluralidad de visiones.
En fin, frente al riesgo de erosión del Estado de derecho desde el poder mismo, la ciudadanía consciente invoca a los diputados de oposición, a los jueces, a la prensa y a los órganos de control. Sin embargo, nuestro Estado republicano descansa también sobre una figura menos visible y tal vez más decisiva: el funcionariado público. La analista que emite un criterio técnico, el asesor que señala un roce constitucional en un proyecto, el abogado que advierte de un vicio, la encargada de presupuesto que exige respaldo legal. Antes de que llegue a la línea política, son ellos quienes convierten el Estado de derecho en realidad cotidiana.
Nuestra Constitución establece que los funcionarios públicos son depositarios de la autoridad y no pueden arrogarse facultades que la ley no les concede. Son guardianes del principio de legalidad. No son depositarios de la voluntad de un gobernante, un partido político o una mayoría.
La obediencia administrativa no es ilimitada. Por el contrario, la Ley General de la Administración Pública ordena al servidor desobedecer si una orden es manifiestamente arbitraria, constituye un abuso de autoridad o delito o es ajena a la competencia del superior. En caso de ilegalidad, el funcionario debe consignar por escrito sus objeciones. La ley no le pide heroísmo. Le pide criterio, legalidad y responsabilidad.
Ahí reside el poder, que también es un deber del funcionario: exigir la orden por escrito; incorporar la advertencia al expediente, negarse a inventar una competencia, proteger de manipulación un informe técnico, recordar que la urgencia o la preferencia política no derogan el debido proceso.
En este punto, cabe la válida inquietud que durante años hemos sostenido con respecto a la burocracia obstruccionista, la que empuña sello y firma para imponer su autoridad y subyugar a la ciudadanía. Ese tipo de burócratas merece toda crítica. Aquí hablamos de aquellos funcionarios responsables que obligan al poder a dejar rastro, que, en defensa de la ciudadanía y de la legalidad, impiden a los jerarcas abusar de su poder sin consecuencias.
Los caudillos con aires autoritarios no pueden lograr su cometido en soledad. Necesitan asesores que encuentren la rendija, abogados que disfracen la arbitrariedad, administradores que ejecuten sin preguntar y funcionarios que confundan prudencia con complicidad. Antes de que una ilegalidad llegue a la calle, casi siempre pasó por un escritorio. Alguien la redactó, alguien la justificó y alguien la firmó.
El Estado necesita ser ágil y eficiente. Sin embargo, una cosa es reformar la Administración y otra, domesticarla. La primera mejora los servicios. La segunda elimina resistencias, infunde temor a represalias, humilla al que se atreve a disentir, sustituye el mérito por la lealtad, castiga el criterio técnico con un traslado forzoso o logra facilitar el abuso.
No es justo limitarnos a pedir valentía al funcionario y dejarlo solo ante las consecuencias. La sociedad, las juntas directivas de las instituciones, las jefaturas, la Asamblea Legislativa, las auditorías internas y la prensa debemos proteger a quien denuncia, fortalecer la independencia técnica, exigir trazabilidad en las órdenes y fiscalizar el empleo público como instrumento de intimidación. Defender la legalidad no puede ser un acto de martirio laboral.
A los funcionarios públicos de Costa Rica, les recuerdo que no están sirviendo a una administración pasajera, sino a una República que existía antes de este gobierno y deberá sobrevivirlo. No están llamados a impedir que gobierne quien ganó las elecciones; están llamados a asegurar que gobierne dentro de la ley.
Costa Rica abolió el ejército y confió su defensa a instituciones civiles. Desde entonces, la Constitución no marcha con botas, sino con controles, criterios técnicos y firmas responsables. En un país sin soldados, cada funcionario íntegro ocupa una línea de defensa. Que nadie subestime, en la hora de la tentación, el valor republicano de una firma que se niega, el poder democrático de una denuncia y el mérito ciudadano de alzar la voz.
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Abril Gordienko es diputada de la República.
