Costa Rica enfrenta el reto de incrementar sus bajos niveles históricos de inversión en infraestructura, con el objetivo de financiar proyectos que han esperado por décadas y que son claves para impulsar la competitividad económica y la calidad de vida de los ciudadanos. En el sector vial, por ejemplo, se estiman necesidades de $1.500 millones para la rehabilitación de los más de 1.600 puentes de la red vial nacional que hoy se encuentran en abandono. Está pendiente la modernización de las rutas San José-Caldera, San José-San Ramón, San José-Cartago y San José-Limón y avanzar, a su vez, en la mejora del transporte en las zonas urbanas.
Adicionalmente, y de acuerdo con el Plan Nacional de Inversiones en Saneamiento, se requerirán más de $6.000 millones durante las próximas dos décadas para superar el vergonzoso 14% de cobertura en tratamiento de aguas residuales y, por otra parte, se necesitan al menos $400 millones tan solo para atender las órdenes sanitarias que pesan sobre la deficiente infraestructura educativa.
En este contexto, se presentan acciones clave que debería poner en marcha la próxima administración para encarrillar el sector de infraestructura y procurar una mejor calidad de los servicios públicos.
1. Priorizar el mantenimiento de la infraestructura existente. Históricamente hemos seguido la cultura de construir y olvidar. En la última década, el país ha asumido créditos por más de $2,000 millones para proyectos viales como la Circunvalación y la Interamericana Norte. Sin embargo, para ninguno de ellos se ha planificado el mantenimiento, lo que nos pone a las puertas de repetir historias como la de la platina o el puente La Amistad. Una pobre herencia a las futuras generaciones es un mal negocio.
El Lanamme calcula que cada dólar que se deja de invertir en mantenimiento se traduce años después en $7 o $10 necesarios para atender una inevitable reconstrucción. Asimismo, un reciente estudio del BID, estima que un 30% de los recursos destinados a infraestructura son absorbidos por sobrecostos, atrasos o atención de deterioros por falta de mantenimiento. Por eso, aún y cuando siempre sean más atractivo cortar la cinta, debemos enfocarnos en el mantenimiento de los activos existentes y aplicar una regla simple: si no se puede mantener no se construye.
2. Materializar la promesa de las asociaciones público-privadas. Junto al componente de mantenimiento, es importante canalizar recursos del sector privado para acompañar el esfuerzo del Estado. Si bien contamos con una ley amplia en cuanto a modelos y sectores aplicables, el modelo sigue sin consolidarse producto de i) una visión que no supera cuatro años, ii) una débil planificación y preparación de proyectos y iii) una debilidad institucional para la gestión y control de las iniciativas.
En este sentido, urge transformar el Consejo Nacional de Concesiones (CNC) en un ente que cuente con el músculo para generar confianza y poder, al mismo tiempo, gestionar de igual a igual los contratos con empresas que participan en el sector de las APP. Ahora bien, ¿cómo financiamos los proyectos que no son susceptibles de APP? Lo analizamos en la siguiente medida.
3. Optimizar la infraestructura existente. Recientemente, el país ha dirigido importantes recursos a la construcción de proyectos como Circunvalación norte, pasos a desnivel, la ampliación de la ruta en Río Frío, de Limón, y la ampliación de Liberia-Barranca, entre otros. El Estado podría recuperar parte de los recursos invertidos para canalizarlos a otros sectores clave (agua, clínicas, escuelas, etc.) y a su vez, garantizar su urgente mantenimiento. Esto es posible por medio de la figura de reciclaje u optimización de activos. La misma consiste en un modelo APP en la que el sector privado asume la responsabilidad de operación y mantenimiento, a la vez que reconoce al Estado un pago por los recursos que este invirtió en la construcción. Además, este mecanismo brinda una alternativa para sustituir paulatinamente los impuestos sobre los combustibles y propiedad de vehículos, los cuales generan una queja fundada de los ciudadanos debido a la desconexión entre el pago y el servicio recibido.
Países como Australia ya están migrando hacia un sistema de pago por uso, basado en la distancia recorrida en la red de carreteras, con el fin de sustituir este tipo de tributos.
4. Una visión de corto plazo. De acuerdo con el Infrastructure Monitor 2021, el promedio de tiempo de preparación de un proyecto a nivel internacional es de al menos seis años En este sentido, es fundamental superar el «reset» de cada cuatro años y establecer la infraestructura como una política de Estado. Ya lo hemos hecho con éxito en otros sectores. Por ejemplo, en comercio y atracción de inversiones el país tomó la decisión de apostar por políticas que se han mantenido por décadas, independientemente del partido político que esté al mando del Poder Ejecutivo. Esa estabilidad se ha traducido en señales muy positivas a inversionistas locales y foráneos, que confían en las reglas claras y estabilidad que ofrece Costa Rica. Empecemos con madurez y disciplina, dejando de lado la inauguración como el único indicador de desempeño de un gobierno.
5. Transparentar el sector. En Costa Rica, la infraestructura es una especie de cuarto oscuro, donde para conocer el estado real de un proyecto, hay que reunirse con gran cantidad de personas, donde cada una es probable que nos expondrá versiones distintas. Esto genera una débil rendición de cuentas y una gran vulnerabilidad a malos manejos.
En los países desarrollados los datos de infraestructura están a un clic de distancia, incluyendo todos los estudios, pliegos de licitación, empresas seleccionadas, pagos realizados, etc. Debemos virar hacia un modelo que privilegie el acceso a la información y su comunicación simple y sencilla con los ciudadanos. Esto es fundamental para recobrar la alicaída confianza de los ciudadanos.
Estas acciones deben formar parte de un pacto país que privilegie la visión estratégica de largo plazo y las mejores prácticas por sobre la improvisación. Solo así lograremos contar con la infraestructura que nos permita dar el salto al desarrollo. Sin duda Costa Rica puede lograrlo.
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El autor es economista especialista en infraestructura.
