El tiempo electoral parece orientarse, por un lado, hacia una lucha entre animales feroces: cinco o seis partidos surgidos del costillar chavista, centrados en figuras que intentan exhibir coraje o apropiarse de símbolos de aquella acción política. Entre ellos abundan exministros del largo e improvisado mete-saca gubernamental. Hay jaguares, tigrillos y otras especies difícilmente distinguibles; una exministra de la Presidencia en tiempos de puentes volados que hoy admite que la seguridad “se les fue de las manos”; un exministro del MOPT que denuncia corrupción en la contratación de obra pública del propio presidente; otro que se envuelve en la divisa del jaguar, aunque poco sabemos porque poco dice; otra que, como ministra, se dedicó a planificar sin diagnosticar ni orientar oportunamente problemas que hoy son graves; y otro que proclama que “Costa Rica manda”… Muchos con procesos judiciales pendientes, todos herederos –aunque algunos no lo comprendan– del viejo ideario libertario.
Este cuadro confuso reproduce la dispersión chavista en las elecciones que se acercan: múltiples opciones, resultados pobres y, como era previsible, aún más confusión. Dos partidos adicionales compiten por el voto del enojo y el conservadurismo difuso, antaño etiquetado como neoliberal.
Por otro lado, la atomización de 14 o 15 partidos reclama atención en bloque. Algunos con gente capaz, otros no tanto; unos con logros, otros con saco roto de promesas; los hay viejos y nuevos, con ajustes severos o sin ellos, corruptos o no tanto. De todo como en botica.
Dentro de este conjunto, dos más –medio PUSC y el fabricismo (Nueva República)– pelearán por el sector conservador, mientras el evangelismo atraviesa su propia confusión. El voto útil, tarde o temprano, encontrará destino.
Sin embargo, deberíamos orientarnos de otra manera. Ojalá esta campaña gire en torno a los temas que más preocupan –o deberían preocupar– al ciudadano: seguridad, salud, situación fiscal y educación, todo ello en el marco del desmantelamiento del Estado social de derecho. Se requieren soluciones concretas.
La propuesta que emerge es clara: proteger lo que funciona –como la democracia–, invertir en el futuro y asumir con valentía los problemas fiscales. Defender la democracia y el Estado de derecho implica también asegurar el imperio de la ley para todos.
La ciudadanía no pide grandes relatos ni promesas rimbombantes, sino propuestas viables y capacidad probada. Pero entre ese ideal y la realidad se abre una brecha enorme que el poder oficial intenta minimizar.
Pongo sobre la mesa algunos temas centrales:
1. Seguridad: una crisis que exige rendición de cuentas
Las encuestas son contundentes: la seguridad es el principal problema del país y un 61% percibe que el gobierno tiene poca o ninguna capacidad para resolverlo. La admisión de la exministra Natalia Díaz –“el problema se salió de las manos”– no fue un desliz, sino la certificación del fracaso.
A esto se suma un dato deshonroso: Costa Rica ocupa el puesto 16 en tráfico de cocaína entre 193 países, y en dos años avanzó de 7,5 a 8 en el índice (siendo 10 lo peor).
Paradójicamente, un programa de gobierno 2026-2030 (el de Pueblo Soberano, en la pág. 9) reconoce que la falta de planificación creó un terreno fértil para el narcotráfico y la criminalidad. ¿Otro reconocimiento implícito del fracaso por parte de la entonces ministra de Planificación y hoy candidata silente?
En este contexto, no caben cuentos ni excusas. Es hora de pedir cuentas y evaluar con rigor la capacidad de quienes deben organizar la prevención y represión del delito, incluyendo una auditoría sobre financiamiento y desfinanciamiento institucional. En un tema que compromete vidas, la incompetencia es intolerable.
2. La CCSS: el intento de sabotaje a un pilar de la República
Mientras se intentaba instalar la narrativa de que “la Caja está quebrada”, la realidad apunta a otro responsable: el propio gobierno, que ha asfixiado financieramente a la institución. La deuda con la CCSS crece, no se cumplen acuerdos para abonarla con empréstitos internacionales y tampoco se pagan nuevas obligaciones.
Proteger la CCSS no es una postura ideológica: es una prioridad nacional. Honrar la deuda y asegurar su financiamiento es indispensable para resguardar una institución vital para la salud pública.
3. La situación fiscal: un espejismo peligroso
Se vende la imagen de un país pujante, pero la realidad es otra. El balance fiscal es engañoso porque excluye deliberadamente la enorme deuda con la seguridad social, de ¢4,5 billones. La recaudación es débil: los sectores más dinámicos –zonas francas– están exentos, mientras agricultura y manufactura nacional se deterioran.
La regla fiscal, lejos de ordenar, opera como una camisa floja que, ante la baja recaudación, obliga a recortar el gasto (-0,9% en 2025). A ello se suma una política monetaria disonante y una adicción a la inversión extranjera y los empréstitos que fortalece artificialmente el colón, debilitando a los sectores productivos nacionales, incluido el turismo. La salida es enfrentar la realidad con transparencia: revisar exenciones, apoyar al productor nacional y priorizar gasto social e infraestructura.
4. El desmantelamiento silencioso del Estado social
Bajo un relato triunfalista, avanza un ajuste estructural silencioso: congelamiento salarial por seis años, caída de más de dos puntos del PIB en educación y una inversión pública mínima. Incluso se coqueteó con un discurso libertario que calificó de “inútiles” los logros de la Segunda República. Aunque luego hubo marcha atrás, la intención quedó expuesta.
La respuesta debe ser la defensa firme del Estado social: proteger programas sociales, revertir recortes educativos y reactivar la inversión pública. No son gastos: son inversiones esenciales para la cohesión social.
Un llamado a la movilización y al cambio
La justicia económica, la educación, la salud y un transporte público digno poseen un enorme poder movilizador y pueden cimentar un nuevo contrato social. Este enfoque contrasta con una gestión que nos ha dejado como “una hoja arrastrada por los vendavales” de la incompetencia.
La esperanza no reside en un poder que ha demostrado no poder, sino en una ciudadanía activa que exige y elige un rumbo distinto. El mensaje debe ser claro: “Con lo que tenemos, basta para valorar la capacidad de quienes tienen la responsabilidad”. Se trata de exponer la brecha entre relato oficial y realidad, y presentarse como la opción pragmática, capaz de rendir cuentas y gobernar con sentido común. La hora no es de promesas: es de soluciones.
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Miguel Gutiérrez Saxe es economista.