EscucharEl Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública 2027-2030 (PNDIP) propone otorgar 5.000 nuevas pensiones netas del Régimen No Contributivo (RNC) por año. La cobertura pasaría de cerca de 158.000 personas en 2025 a 182.000 en 2030. Para 2027, la meta es llegar a casi 167.000 beneficiarios.
La ficha del Plan estima que sostener esa cobertura requerirá alrededor de ¢237.000 millones en 2027. Sin embargo, el proyecto de presupuesto presentado a la Asamblea Legislativa incluye ¢90.000 millones para el RNC. Son aproximadamente ¢146.000 millones menos: los recursos identificados equivalen al 38% de la estimación del PNDIP.
La comparación con 2026 también es reveladora. El presupuesto vigente, después de incorporar recursos extraordinarios, ronda los ¢224.000 millones. La propuesta para 2027 representa una disminución cercana al 60%.
El propio proyecto presupuestario ofrece una explicación. Señala que los recursos extraordinarios incorporados al RNC en 2026 no se repiten en 2027. También indica que el financiamiento del seguro de salud para personas sin capacidad contributiva aumenta de ¢2.000 millones a ¢162.000 millones, lo que limita las asignaciones adicionales de Fodesaf. Además, advierte de una reducción en los ingresos procedentes del aporte del 5% sobre las planillas.
Esto permite entender la recomposición, pero no resuelve la brecha. El aseguramiento de personas sin capacidad contributiva y las pensiones del RNC atienden necesidades esenciales, aunque diferentes. El primero financia el acceso a servicios de salud. La pensión aumenta directamente el ingreso de personas adultas mayores y otras poblaciones en pobreza. No son beneficios sustituibles, aunque compitan por recursos del mismo fondo.
Para 2027, el aporte de Fodesaf al RNC queda en alrededor de ¢87.000 millones, exactamente el mínimo legal del 10,35% del Fondo. Cumplir ese piso no demuestra que sea suficiente. La ficha del PNDIP señala que existen más de 33.000 solicitudes pendientes por falta de presupuesto y condiciona la meta al traslado de los recursos requeridos.
La diferencia podría cubrirse con otras fuentes previstas por ley, una modificación presupuestaria posterior o nuevos recursos de Fodesaf. Pero esas posibilidades todavía no aparecen cuantificadas en el presupuesto presentado.
El reto no consiste únicamente en aprobar 5.000 nuevas pensiones. También debe financiarse a quienes ya reciben el beneficio. El seguimiento del PNDIP deberá mostrar cuántas pensiones permanecen en curso de pago, cuántas se incorporan en términos netos y qué fuentes sostienen su costo. De lo contrario, el Plan anunciaría una expansión cuya primera asignación deja pendiente explicar cómo se financiará.
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Andrés Fernández Arauz es economista.
