Después de la gravísima contaminación del agua en el área metropolitana, es imposible no exigir una cabal rendición de cuentas y la adopción de medidas urgentes e inmediatas. Por eso ha hecho bien el presidente Rodríguez en llamar al titular del SNAA para examinar la cuestión, porque es una barbaridad que sucediera lo que sucedió y se haya repetido el desastre de hace algunos años, cuando un camión cisterna vació el contenido de tanques sépticos directamente en las fuentes de captación.
Hay que sentar responsabilidades sobre quien corresponda y sin contemplaciones. No se debe olvidar el problema hasta la próxima vez, ni invocar los costos financieros de las tareas que deben realizarse para lanzar la idea peregrina, fracasada en todas partes, de que debemos privatizar los servicios de agua y sacarlos del control y responsabilidad del Estado. Además de ser un recurso natural estratégico y vital, hay un interés público evidente en que el Estado ejerza un control efectivo sobre su uso, distribución, conservación y protección.
Es obligado adoptar algunas decisiones urgentes: en primer lugar, hay que ordenar una investigación a fondo, por un comité de personas independientes presididas por el Defensor de los Habitantes, para que en un plazo perentorio rinda un informe sobre lo que realmente sucedió y siente las responsabilidades del caso. En segundo lugar, y con apoyo de organismos internacionales, se debe elaborar un proyecto integral que incluya, entre los demás aspectos pertinentes, programas educativos que generen una nueva cultura sobre el buen uso y administración del bien y la necesidad de que la ciudadanía contribuya económicamente a su financiación y cuido.
Se deben establecer, desde ya, mecanismos de alerta temprana para el caso de contaminación, evitando el retardo actual en que los encargados solo actuaron cuando miles de ciudadanos estaban ya afectados y en tratamiento hospitalario, y adoptar de inmediato medidas de orden público para proteger, resguardar y defender las fuentes de agua y sus respectivas áreas de ubicación, con personal y sistemas de seguridad modernos y adecuados, que eviten futuras contaminaciones. Si fuere del caso, esas áreas deberán expropiarse en toda la extensión que se necesite porque, así como hemos procedido a declarar miles de hectáreas como parques nacionales, con mayor razón debemos hacerlo con esos terrenos que deben adquirirse como una prioridad nacional.
Claro que esto implica importantes sacrificios financieros. Pero el pueblo entiende y, cuando justificadamente tiene que socarse la faja, sabe hacerlo. Quienes no saben son los políticos voraces. Por eso, no se le puede pedir a la gente sacrificios cuando las prioridades de quienes ejercen el poder son siempre las suyas propias y no las de la ciudadanía, cuando se confeccionan mal los recibos de agua y hay importantes desperdicios, o cuando los recursos del Estado se usan para fines personales o electoreros.
Esta crisis ha puesto en evidencia que acabar con ese despilfarro de dineros públicos, como los que se botan en la Asamblea Legislativa en burocracia, recepciones, viajes, carros, gasolina e inútil "blablá" politiquero, es una exigencia que nace no solo desde la ética, sino desde el interés de la salud pública.
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