¿Coadministrar o cumplir?

Ante semejante alusión, debo decir que, aunque el hilo que separa la acción de un consejo directivo de las actuaciones competenciales de la administración es muy delgado, ello no debe conducirnos a adoptar una conducta tal que ponga en peligro el obligado cumplimiento de nuestros deberes como directivos, tales como definir la estrategia general de la institución y vigilar que el desempeño de la administración sea apegue a los principios constitucionales de legalidad, transparencia y rendición de cuentas, así como dictar políticas de control de riesgo y velar por que se cumplan.

Argumentar que le delegamos “todo o casi todo a la Administración” para reducir el tiempo de reuniones o para evitar prórrogas en la resolución de asuntos, puede derivar en una renuncia al cumplimiento de ineludibles responsabilidades que emanan de la profusa legislación que regula nuestros deberes, señala nuestras competencias y establece nuestras responsabilidades.

Responsabilidades indelegables. Está claro que, desde el punto de vista legal, no es viable que un consejo directivo simplemente delegue sus competencias en la administración y se contente con reunirse una vez al mes para ver qué pasó en el entretanto. Es de destacar que, si las competencias son delegables –dentro de determinadas formalidades– no lo son las responsabilidades, que siguen residiendo en el titular del cargo y no en su delegado.

Por otra parte, ¿puede alguien creer que una empresa como el ICE, cuyo presupuesto anual es superior a los ¢850.000 millones, puede ser guiada de manera eficiente y oportuna por una junta directiva que se reúne una vez al mes? Parece evidente que –si se tiene interés sincero para consolidar al ICE como un eje de desarrollo del país– tal periodicidad resulta gravemente insuficiente y puede llevar a una toma de decisiones inadecuada y extemporánea.

Más grave resulta la decisión de disminuir a su mínima expresión el funcionamiento del consejo directivo, en momentos cuando el ICE enfrenta graves amenazas a su propia supervivencia, originadas en los planes de apertura del mercado de las telecomunicaciones sin que, hasta ahora, su consejo directivo haya sido capaz de dictar una estrategia para enfrentar el reto de la poderosa competencia que se implantaría en el país de aprobarse los planes en curso. Aun si lográsemos abstraernos de conocer todos los otros asuntos que le corresponde resolver por ley al consejo directivo, el trabajo, el número de sesiones y la cantidad de horas que los directivos deberíamos destinar al cumplimiento de nuestros deberes con el ICE tendría que ser multiplicado en lugar de reducido a su mínima expresión.

Con dignidad y decoro. En otro orden de cosas, el ingeniero Sasso intenta poner en entredicho algo que es motivo de mi más elevada satisfacción y orgullo: llevar la representación de los trabajadores del ICE al seno de la junta directiva. Esa es una conquista de los trabajadores del ICE y una promesa cumplida por el entonces presidente de la República Abel Pacheco, quien, durante la campaña electoral del 2002, en un seminario organizado por las organizaciones laborales de la institución, asumió el compromiso, de llegar a la Presidencia de la República, de asignar un puesto directivo a quien los trabajadores del ICE propusiéramos para ese cargo. Y lo cumplió. Me correspondió tal honor de entre una terna propuesta por los trabajadores del ICE y, desde aquel momento, actúo en su representación.

Cumplir con dignidad y decoro esa elevada representación ha sido una tarea que he intentado cumplir cada día como trabajador y como directivo del ICE. Esa representación, sin embargo, no me ha impedido ver más allá y comprender que, al igual que el ingeniero Sasso, fui nombrado por el Consejo de Gobierno para velar por los intereses del ICE y del país, entendiendo que unos y otros no son excluyentes y, por el contrario, son plenamente complementarios.

Mi condición de trabajador del ICE no le da derecho al ingeniero Sasso a poner en duda mis intenciones como directivo del ICE, de la misma manera que los vínculos del ingeniero Sasso con importantes círculos empresariales del país no me da a mí el derecho a poner en duda la transparencia, buena intención y la lealtad de sus actuaciones.