Desde que apareció la aviación, los Estados han recurrido a utilizar el espacio aéreo para la defensa de su soberanía o llevar la guerra a otras regiones, mejorar las comunicaciones entre sí y utilizar el transporte aéreo con fines humanitarios, comerciales o turísticos. Por su carácter estratégico en seguridad y desarrollo económico, los países han limitado el uso de su espacio aéreo y promovido la creación de entes que lo utilicen en beneficio nacional. Es explicable la tendencia a restringir el uso del espacio aéreo por naves de guerra extranjeras y aún su explotación civil con fines comerciales, por ser un recurso de grandes beneficios para las naciones, equiparable al uso de los mares. Es costumbre que los Gobiernos suscriban entre sí tratados para permitir, con ciertas restricciones y bajo un régimen de deberes y derechos, que empresas extranjeras utilicen su espacio aéreo sin que, a pesar de las actuales corrientes globalizadoras, aún se haya podido establecer la política de cielos abiertos, entendida como aquella que permitiría la libre circulación de naves civiles de un país en los espacios aéreos de otros, lo que algunos propugnan para incremento del intercambio comercial y turísticos sin restricciones.
Hace cincuenta años, el 1 de junio de 1946, una línea aérea costarricense inició sus vuelos al servicio de nuestro país. LACSA se había constituido un año antes, con participación de la línea norteamericana Pan American Airways, del Estado costarricense y accionistas nacionales. Por ley No. 32 de 3 de diciembre de 1945 se le autorizó a "establecer y operar servicios de transporte aéreo en el territorio nacional y con los países vecinos", siempre que al menos el 60 por ciento fuera costarricense, autorizando además al Poder Ejecutivo a adquirir el 20 por ciento de ese capital. En 1949 la Junta de Gobierno la declaró Línea Aérea de Bandera Nacional, en atención a que cumplía con aquellos requisitos legales, que además señalaron la exigencia de que la totalidad del personal de vuelo debía ser costarricense a partir de 1950. Desde aquella época LACSA ha prestado innumerables servicios a Costa Rica. Sin fuerza aérea, nuestros gobiernos han recurrido a ella aún para el transporte de tropas en los pocos casos de emergencia bélica. Cito un acontecimiento que pocos conocemos: el gobierno de Trejos Fernández debió trasladar una noche más de 300 guardias civiles a la frontera sur para acabar con el uso del territorio costarricense en acciones bélicas panameñas violatorias de nuestra soberanía; y LACSA aportó sus aviones, que aterrizaron peligrosamente en Golfito, con iluminación improvisada y grave riesgo para sus pilotos y equipos. Recientemente, en desastres naturales como el terremoto de Limón en 1992 o en inundaciones en la región Atlántica, ha sido común ver sus aviones surcar nuestros cielos en labores humanitarias. LACSA también ha sido pionera en el desarrollo de las exportaciones nacionales, sobre todo en las no tradicionales, como pescado, mariscos y flores. En el arte, el deporte y la salud, innumerables costarricenses podrían dar fe de las ayudas recibidas por parte de esa compañía. Y en turismo, LACSA ha sido líder en la comercialización de pasajeros que salen o llegan de Costa Rica, convirtiendo a nuestro país en un centro de conexiones aéreas internacionales, aprovechando nuestra privilegiada posición geográfica a pesar de las pobres condiciones de infraestructura del Aeropuerto Juan Santamaría.
Hoy el Gobierno no tiene inversión importante en el capital accionario de aquella línea aérea (no llega al dos por ciento), la cual pertenece en su mayoría a capital privado extranjero, que rige su suerte sobre los varios miles de accionistas costarricenses minoritarios que forman parte de su accionariado, sin injerencia alguna en su conducción. Por supuesto, que no podríamos cometer el error histórico de pedirle al Gobierno costarricense mayor inversión en el capital de la compañía o injerencia en su manejo, pues se trata de una actividad típica del campo privado y no del público, debiendo desterrarse el aventurerismo del Estado empresario que tan amargas experiencias nos dejó. Su tarea debe ser guiada por técnicos y administradores privados, conocedores de la aviación civil y de la materia comercial aérea, de los que LACSA tiene a raudales.
Tal vez nunca veremos los cielos abiertos. Las compañías aéreas nacionales reciben innumerables beneficios cuando el país que las cobija las designa en un tratado bilateral de aeronavegación para transportar bienes y servicios al otro, lo que les permite beneficios que de otra forma no habrían obtenido, retribuyendo así los Estados a sus compañías aéreas los servicios que le prestan para su desarrollo. Cito como ejemplo el acuerdo entre Estados Unidos y Costa Rica, aprobado por ley 6878 de 22 de julio de 1983.
Tal parece que a la luz de nuevos hechos en materia de aviación civil y del desarrollo turístico y comercial de Costa Rica, entre los que incluyo el surgimiento actual y futuro eventual de nuevas líneas aéreas nacionales, que con todo derecho pretendan el mismo trato, hemos llegado al momento de revisar la política gubernamental en esta materia y dictar la legislación necesaria que garantice a los costarricenses que las aerolíneas que reciben la protección del Estado y sus beneficios, merced a los cuales es posible su operación exitosa, continúen sirviendo prioritariamente intereses nacionales.
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