Desde hace meses, los venezolanos conocían el guion de la caída de Chávez con todos los detalles: la sociedad civil, cansada de la irresponsabilidad, las locuras y las payasadas del teniente coronel Chávez, temerosa de sus proyectos revolucionarios crecientemente radicalizados, quería sacarlo de la casa de gobierno. Se vio con toda claridad hace pocas semanas cuando los líderes sindicales y los empresarios se sentaron a una mesa servida por la Iglesia, para dar una especie de "ultimátum": si Chávez no respetaba las reglas de la convivencia democrática, y si no renunciaba a convertir a Venezuela en un "paraíso" a lo libio o a lo cubano los dos modelos políticos que el teniente coronel alojaba y mezclaba bajo su boina roja de paracaidista el país se paralizaría en una huelga laboral indefinida que lo haría ingobernable hasta desembocar en una intervención de las fuerzas armadas.
Esto es importante entenderlo: en Venezuela no ha habido un siniestro golpe militar urdido en los barracones por un generalote deseoso de instalarse en Miraflores, sino un golpe civil que se ha servido del ejército para derrocar a un Gobierno que violaba sus propias leyes. El enorme movimiento de resistencia, pública o secretamente respaldado por la casi totalidad de los medios de comunicación, no surgió en los cuarteles, sino en los sindicatos, las empresas, las asociaciones de agricultores, las cámaras de comercio, los colegios profesionales, las federaciones de estudiantes universitarios y algunas congregaciones religiosas. El arco de apoyo era tan asombrosamente amplio, que comenzaba en la derecha conservadora y terminaba en los trotskistas de Bandera Roja.
El modelo cubano. Tampoco es cierto que el país estaba dividido en dos mitades hostiles. La popularidad de Chávez se había desplomado. Hace tres años, cuando resultó electo, tenía un ochenta por ciento de partidarios, mientras un veinte lo rechazaba. Cuando cayó, de acuerdo con las encuestas más solventes, los números se habían invertido. El ochenta lo detestaba y el veinte se mantenía ilusionado con los pintorescos experimentos de su ¥¥"Quinta República". Pero no estamos, obviamente, ante un caso acelerado de desencanto y desgaste políticos. El mundo democrático está lleno de gobernantes que ni siquiera tienen el apoyo del veinte por ciento de los ciudadanos y eso en modo alguno justifica su fin violento.
Lo que sucedió fue mucho más grave: la sociedad se polarizó entre dos sectores mutuamente excluyentes. Chávez se empeñaba en utilizar el inmenso poder adquirido mediante el control del Parlamento y de las instituciones para construir un Estado cada vez más cercano al modelo cubano, mientras la sociedad venezolana, profundamente celosa de sus tradiciones democráticas, no estaba dispuesta a sacrificar sus libertades, veía con temor la aparición de grupos paramilitares chavistas y le repugnaba la propuesta de crear "¥¥tribunales revolucionarios para juzgar a los enemigos de la patria". Todo eso tenía un peligroso tufo a dictadura totalitaria.
Actos de corrupción. Chávez no quiso entender que los venezolanos no lo habían elegido para crear una segunda Cuba o una segunda Libia. Los venezolanos no querían convertir el país en la punta de lanza revolucionaria latinoamericana contra Estados Unidos, Europa occidental y el mundo capitalista. No estaban interesados en crear un revuelto espacio anticapitalista y antiliberal integrado por naciones ¥¥"bolivarianas" dedicadas a combatir la globalización y el libre comercio. Esos delirios antiguos de cruzado tercermundista, propios de la guerra fría y de las supersticiones del marxismo, no formaban parte de las pasiones reales de los venezolanos.
¿Qué va a suceder a partir de ahora? La junta que provisionalmente ha asumido la administración del país está compuesta por gente responsable. Pedro Carmona, el líder de los empresarios que la preside, es un hombre respetado y respetable. Su labor será tranquilizar el país, poner en marcha el paralizado aparato productivo y convocar a elecciones. Probablemente comience un juicio contra el expresidente Hugo Chávez, a quien acusarán de ser responsable de las varias docenas de muertes violentas ocurridas durante la manifestación del 11 de abril, así como de actos de corrupción extrema vinculados a la repartición ilegal de cientos de millones de dólares asignados al "¥¥Plan Bolívar" con el objeto de sobornar a militares y comprar las conciencias de diversos funcionarios y burócratas. Se afirma y habrá que probarlo en los tribunales que solo el flamante avión presidencial, comprado al costo de 65 millones de dólares, y llegado a Caracas la víspera del derrocamiento de Chávez, generó a la familia del teniente coronel un diez por ciento de la suma pagada.
Concretar acuerdos. Sin embargo, todavía existe una tarea más importante en la que debe empeñarse la cúpula dirigente del país: concretar acuerdos de largo plazo que aseguren la gobernabilidad y el desarrollo durante los próximos veinte años. En 1958, cuando fue derrocado Pérez Jiménez, la oposición forjó un pacto para consolidar la democracia y terminar con una vergonzosa historia de golpes, contragolpes y dictaduras militares. Ese acuerdo, conocido como "¥¥Punto Fijo" por el nombre del lugar donde se firmó, le dio a Venezuela cuatro décadas de democracia, dos de ellas en medio de un impetuoso crecimiento económico. Parece que los valores democráticos se asentaron a partir de ese momento, pero ahora falta crear el consenso sobre cómo rescatar de la pobreza a los millones de venezolanos que padecen ese flagelo y cómo lograr que el país, como ha hecho Chile, se encamine de manera permanente hacia el pelotón de avanzada de las naciones desarrolladas. Esa es la primera responsabilidad del postchavismo. Ojalá cumplan con ella.
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