EscucharSin quererlo, escuché una conversación de dos mujeres jóvenes que compartían la difícil experiencia de vivir “en casas sin espacios al aire libre”. Una de ellas se lamentaba: “cuando hicimos la casa donde vivimos ahora, no pensamos en jardines ni patios, ¡todo el lote está construido!”. “Nosotros (sic) también –respondió la otra–, no dejamos jardines ni patios para que las chiquitas puedan jugar. Si están en la casa se pasan todo el día viendo la tele”.
¿Cómo lograron evadir la ley y los reglamentos de construcción que exigen reservar al menos un 20% del lote para zonas verdes, patios y antejardín?; ¿cómo hicieron para que el inspector municipal no les clausurara la construcción por violación de esas normas constructivas? ¿Será acaso que presentaron unos planos para obtener los permisos de construcción y trabajaron con otros diferentes en la obra? ¿Qué indicó el ingeniero responsable de la edificación en el cuaderno de bitácora, al iniciar los trabajos, con respecto a los dos metros obligatorios que se deben reservar de antejardín? ¿No sabían que la cobertura no puede exceder el 75% del área del lote?
Empresas constructoras. Quise preguntarles, pero adiviné la respuesta: “La empresa constructora se hizo cargo de esos detalles”. En el negocio de la construcción, algunas empresas desarrolladoras de proyectos han alcanzado niveles óptimos de eficiencia en el ocultamiento de múltiples ilegalidades del proceso constructivo. No solo se violentan las leyes y reglamentos de construcción vigentes, también se hace caso omiso de la obligatoriedad de los seguros sociales y las normas mínimas de seguridad para proteger la vida de sus trabajadores. La Dirección de Urbanismo, el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, Acueductos y Alcantarillados, el Ministerio de Salud, las municipalidades y otros entes estatales responsables de vigilar el desarrollo urbano del país sucumben ante el poder de los empresarios y, para no ofenderlos, prefieren destruir sus memorias: en algunas oficinas las “ratas” se comen los planos, en otras no se conservan copias de esos documentos porque no hay espacio (“nada más les ponemos los visamos y se los devolvemos a los propietarios”), o simplemente los documentos se perdieron y nadie sabe cómo.
Silencio corrupto. Los funcionarios de esas instituciones, que están obligadas por ley a proteger el ambiente y ordenar el desarrollo urbano, optan por el silencio corrupto, no obstante que múltiples y reiterados pronunciamientos de la Sala Constitucional respaldan sus potestades: “Como lo señala la doctrina, la ‘ciudad’, como tal, es un hecho colectivo que condiciona la vida de sus habitantes, por lo que carece de justificación confiar las decisiones capitales sobre ese hecho colectivo (surgimiento, extensión, carácter, densidad, destino, etc.) a la simple ‘conveniencia’ de unos cuantos propietarios privados de terreno y que se determinan o reflejan generalmente en razones de lucro o por motivos de utilidad económica. La autoridad reguladora del desarrollo urbano no puede permitir el agotamiento de los suelos, ni la sobredensidad en las poblaciones, la liquidación del sistema de jardines y zonas verdes...” (resolución N° 4205-96).
La construcción de casas sin jardines, además de violentar el derecho de los niños a tener espacios de esparcimiento en sus propios hogares, es un acto de violencia contra la protección ambiental que nos garantiza la Constitución. La práctica de una cultura de los derechos humanos nos impone la obligación de construir una relación amable y solidaria con la naturaleza, aun en nuestros espacios domésticos, si queremos ser coherentes con el respeto a la vida en todas sus manifestaciones.
