EscucharEl país observa con preocupación el rezago del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) en la implementación de una red 5G propia. Mientras operadores como Claro y Liberty ya están listos para comercializar servicios, el ICE no ofrece un horizonte claro.
Esta situación no solo afecta la competitividad del mercado, sino que compromete el desarrollo tecnológico del país. La 5G no es un lujo: es infraestructura crítica para la innovación, la industria y la atracción de inversión.
Aun más preocupante es la inminente fuga de clientes. En un mercado competitivo, los usuarios migrarán hacia quienes sí ofrezcan soluciones modernas y oportunas, lo que debilitará la base de ingresos del ICE y reducirá su capacidad de inversión futura.
El efecto: menor dinamismo empresarial, pérdida de oportunidades en sectores digitales y una desventaja país frente a economías que avanzan con mayor rapidez en la adopción de 5G.
El ICE, históricamente líder en telecomunicaciones, no puede permitirse quedar rezagado. Se requiere transparencia, planificación y ejecución urgente. Costa Rica no puede avanzar a dos velocidades en un tema estratégico para su futuro digital.
Guillermo Rivero González, Desamparados
Parqueos en Multiplaza
Los centros comerciales Multiplaza, propiedad del Grupo Roble, destacan por su oferta comercial, diseño moderno y amplias facilidades. Sin embargo, en sus sedes de Curridabat y Escazú es frecuente la falta de espacios disponibles para personas con discapacidad, pese a que algunos están ocupados por vehículos sin la debida identificación. Al consultar al personal de parqueo, la respuesta es que no pueden controlar su uso. Resulta llamativo que, con los recursos humanos y tecnológicos disponibles, no se garantice algo tan básico como el respeto a estos espacios.
Evelyn Toledo Vivas, Desamparados
Aves en cautiverio
El Minae está consultando ante el Ministerio de Economía (¿?) un reglamento que facilitaría la captura de lapas, justo cuando sus poblaciones comienzan a recuperarse gracias a técnicas que permiten su reproducción en libertad, como ocurre en Punta Leona.
Se trata de un reglamento cuestionable –incluso inconstitucional– que, con argumentos débiles, también se extendería a loras y pericos. Aunque hoy no se vive el saqueo de nidos ni el tráfico brutal de otras épocas, este retroceso frente a la Ley de Conservación de la Vida Silvestre despierta sospechas. Podría responder a intereses comerciales, especialmente en hoteles donde estas aves se mantienen en cautiverio como “atractivo turístico”, bajo el pretexto de programas de reproducción.
Cabe preguntarse: si la legislación vigente prohíbe la tenencia en cautiverio, el comercio y la caza de estas especies, ¿cómo podría un reglamento colocarse por encima de la ley?
Freddy Pacheco León, Heredia
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