No es aceptable que el ciudadano pague el impuesto (IVA) y luego quede desprotegido ante la imposibilidad de descargar la factura electrónica por trabas del emisor. Hacienda debe exigir el cumplimiento estricto de la norma y sancionar a los comercios que obstaculizan la entrega de la factura electrónica a quien la requiere.
José Luis Jop Gazel, Escazú
Opinión sobre artículo
Sin ser abogado, creo comprender y concuerdo con las ideas principales del artículo de don Alex Solís en este diario (03/08/26). Sin embargo, a la idea de que “la Constitución es lo que los jueces dicen que es”, le agrego: cuando de oficio, en algunas materias, o por consultas o recursos de constitucionalidad, los jueces la interpretan; incluso pudiendo enmendar las propias sentencias previas. Y, sí, guste o no, en nuestro esquema democrático e institucional, para no paralizarse, alguna instancia debe tener una “última palabra”, que hay que respetar. Y digo eso porque, si mal no recuerdo, no solo los jueces son lo que los entendidos llaman “operadores jurídicos”. También los legisladores y hasta las autoridades institucionales toman decisiones que hacen operativos los mandatos constitucionales y legales. Y eso sin que los jueces pasen siempre de oficio enmendándoles la plana a esos otros operadores de la ley.
Ronald Castro Ch., Heredia
Propiedad del ICE
El ICE tiene una propiedad en Escazú, ubicada 25 metros al norte del centro comercial Multiplaza Escazú, sobre la calle principal, donde se encuentran una antena de comunicación y diversos equipos.
Desde hace varios meses, la empresa encargada de la limpieza del terreno no se presenta, lo que ha provocado que la maleza crezca a la par de mi propiedad. Además, el lugar se ha convertido en un sitio donde las personas que transitan por la acera arrojan basura y existe el riesgo de que se convierta en un criadero de zancudos que podrían transmitir dengue.
Por lo anterior, solicito al responsable del terreno darle el debido mantenimiento y atender esta situación.
Allan Jones Román, Escazú
Sutel no responde
El pasado 23 de junio, presenté ante la Sutel un reclamo por acoso de parte de la empresa Liberty, que me está cobrando un monto pendiente por un servicio que cancelé correctamente y cuya cancelación, así como la inexistencia de saldos pendientes, fue confirmada por la propia empresa.
He enviado repetidos correos para dar seguimiento al caso, pero no he recibido respuesta de la Sutel. Considero que, con su falta de atención, la institución ha dejado de lado su labor de defensa del consumidor. A la fecha, sigo sin recibir una respuesta sobre mi caso.
Michael Murillo Guevara, Escazú
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