EscucharTengo 68 años y me veo en la obligación de manifestar públicamente mi profunda preocupación e indignación por los desproporcionados tiempos de espera en el sistema de salud pública.
Un médico particular, mediante referencia formal, indicó que debo operarme de catarata este año. Se trata de un procedimiento necesario para preservar mi visión y evitar un deterioro progresivo que afecta directamente mi autonomía y mi calidad de vida.
Sin embargo, la cita que me asignaron en el servicio de Oftalmología de la Clínica Clorito Picado es para el 5 de junio de 2029. ¡Casi tres años y medio! Y esa no es la fecha programada para la cirugía, sino solamente la cita inicial o cita de valoración. No me puedo imaginar para cuándo agendarán la operación.
Estamos hablando de una cirugía que no es estética ni opcional, sino esencial.
A mi edad, cada año cuenta y cada año perdido se traduce en una merma en la independencia y la seguridad. Será mi calidad de vida la que se deteriore mientras espero que llegue un plazo que, a todas luces, no es razonable.
Confío en que esta situación, que no debe ser aislada, merezca la atención y la revisión urgente de las autoridades competentes.
Yamileth Alvarado Nieto, Llorente de Tibás
Autoaumento salarial
Desde hace 16 años, el pueblo de Costa Rica espera que la Sala Constitucional se pronuncie sobre el “autoaumento salarial” que se recetaron los magistrados, fundamentado en un plus llamado “Índice Gerencial”. El aumento se hizo a espaldas del pueblo y se llevó a cabo en dos desembolsos: uno, en agosto de 2008, y otro, en noviembre de 2010. En algunos casos, el incremento fue de hasta 98% del salario. En aquel tiempo, la Contraloría no se pronunció sobre este abuso; alegó que su participación invadía la independencia de poderes.
Han transcurrido los años y estos señores se han llevado a sus bolsillos un millonario dinero público, como si el Poder Judicial fuese “su empresa”.
Daniel Antonio Madrigal Sojo, Goicoechea
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