Romper el distanciamiento social por un día que sea podría traer consecuencias nefastas y deshacer todo el esfuerzo y el sacrificio de los pasados meses.
Hace varios meses no les he dado un abrazo a mi madre, de 93 años, ni a mi hija, a quien tanto extraño, pero justamente porque nos amamos mantenemos esa distancia.
Eso sí, leo sus mensajes y conversamos por videollamadas. El Día de la Madre no será y no debe ser la excepción para nosotros ni para nadie más. La covid-19 no toma feriados, nosotros tampoco debemos hacerlo.
Mayra Calderón Barquero, Curridabat
Restricción vehicular
El objetivo inicial de la restricción vehicular fue descongestionar las calles de la capital. Este 2020 el teletrabajo está contribuyente significativamente a que el tránsito en San José sea más fluido.
Sin embargo, en respuesta a la pandemia de la covid-19, además del lavado de manos, mascarillas, burbujas sociales, confinamiento y los cierres temporales del comercio, nuestras autoridades imponen restricción vehicular en el territorio nacional, a pesar de que es más seguro que quienes deban movilizarse lo hagan en sus automóviles.
La restricción dejó de fijarse por un día a la semana en la capital hace mucho tiempo para abarcar dos y hasta cinco días —según la fase— en todo el país. Llevamos más de cinco meses de cumplimiento y, paradójicamente, los contagiados cada día son más.
¿Es la martillante restricción vehicular eficaz contra la propagación del virus o, más bien, una violación a los derechos ciudadanos?
Marvin Hidalgo Barrantes, Heredia
Esperando fallo
En agosto del 2018 interpuse una denuncia contra un colegiado en la Fiscalía del Colegio de Contadores Públicos.
El asunto ha pasado por varias instancias y, a la fecha, la respuesta que recibo es que no han definido el proceso administrativo disciplinario debido a la gran cantidad de expedientes.
Insto a la asesoría legal interna, al Tribunal de Honor y a la Fiscalía a efectuar las acciones que correspondan para que no queden impunes las malas prácticas cometidas por sus colegiados. Debe ser prioridad un proceso justo, pronto y competente.
Ronald Villalobos Monge, San Antonio de Belén
Plan de la Supén
La Superintendencia de Pensiones hizo una propuesta para redirigir los aportes que actualmente los patronos hacen al Fondo de Desarrollo y Asignaciones Familiares (Fodesaf), al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), al Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y al Banco Popular hacia el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), administrado por la Caja Costarricense de Seguro Social.
Me sorprende que la propuesta provenga de una superintendencia que, en el ejercicio de sus competencias, advirtió reiteradamente sobre la inminente insostenibilidad del IVM, denunció ante el Ministerio Público a la administración de la CCSS por incumplimiento de deberes y señaló públicamente que se maquillaban cifras del régimen.
Como si la grave crisis del IVM fuera ajena a la deficiente gestión administrativa, la propuesta de la Supén, más que una tabla de salvación para el IVM, sería la absolución de los administradores que llevaron a colapsar ese sistema de pensiones.
Por otra parte, hay que considerar que el más afectado resultaría ser el Fondo de Desarrollo y Asignaciones Familiares y sus programas sociales, cuya caída en el ingreso de recursos será mucho más grave debido a la crisis.
¿Es justo cargar en los pobres y vulnerables los costos de la irresponsabilidad de quienes no fueron competentes en cumplir las obligaciones de sus cargos?
Jorge Herrera Fernández, Alajuela
Lugares de culto
¿Qué sentido tiene establecer un límite de 75 personas en los centros de culto? La basílica de la Virgen de los Ángeles, en la provincia de Cartago, y otros templos de tamaño similar están prácticamente vacíos con 75 personas, mientras la iglesia ubicada en lo que fue una casa de habitación está llena.
¿No sería más lógico determinar un porcentaje de ocupación sobre la capacidad total? Las medidas deberían tomarse con sentido común, el menos usado de los sentidos.
Sidney Ferencz Mainemer, San José