EscucharEn el año 2018 solicité a la Municipalidad de Alajuela un certificado de uso de suelo para determinar las condiciones de construcción en una propiedad. En aquel momento no pude ejecutar la obra.
Este año pedí una nueva versión para la misma propiedad, según el mismo plan regulador, al mismo departamento a cargo y el resultado fue diferente. Me parece inexplicable desde el punto de vista técnico. Afecta al administrado, pues nos cambian las condiciones técnicas de uso de suelo sin mayor justificación. Para pedir una aclaración o presentar un recurso, hay que ir personalmente en época de pandemia e invertir medio día de trabajo para hacer el reclamo, causado por un claro error de gestión municipal que les hice notar en su momento.
Invito a la Municipalidad de Alajuela a seguir el ejemplo de la de Heredia, donde la gran mayoría de los trámites se efectúan de forma digital y los criterios técnicos quedan en firme, la Contraloría de Servicios atiende y resuelve asertivamente las dudas de la población y al cliente se le atiende directamente, sin buscar excusas ni exigir al administrado ir a las oficinas para la mínima atención. Y, lo más relevante, la Municipalidad de Heredia sí contesta el teléfono.
Andrés Lazo Páez, Alajuela
Actitud del Congreso
Me resulta indignante la actitud de algunos de los llamados padres de la patria que pretendieron extorsionar al presidente de la República para ocurrencias ignorantes de ellos, como si fueran posiciones sabias y apegadas a la Constitución.
Satanizaron al doctor en Economía y profesor de acreditadas universidades de prestigio mundial Ottón Solís como incapaz para optar al puesto ante la OCDE por una supuesta oposición a su creación y una presunta ilegalidad en su nombramiento.
No podía esperarse menos de un señor que, anteponiendo a sus merecidas calidades personales y profesionales, que deben ser orgullo para nuestro país, renunció públicamente al puesto que tan merecidamente debía ocupar y, como él dijo, para reafirmar su gran calidad humana, Costa Rica está por encima de sus intereses.
Víctor Manuel Seas Gómez, San Antonio de Belén
Restricción vehicular
Cuando pensé que lo había visto todo, resulta que la defensora de los habitantes, Catalina Crespo, parece estar empeñada en que la pandemia no retroceda, sino que nos afecte más: pide eliminar la restricción vehicular, que según estudios de la Universidad de Costa Rica es de las medidas más acertadas y eficaces para reducir la circulación de las personas y los contagios de covid-19. ¿Quién está detrás? ¿A quién realmente defiende la defensora Crespo?
Es triste que una institución que tiene cientos de empleados y nos cuesta millones se utilice para fines electoreros. Los diputados que la eligieron tienen la responsabilidad, pero, claro, los pasados y los actuales legisladores demandan una cosa y hacen lo contrario.
Ricardo Garita Murillo, San José
Deudas con la CCSS
La discusión sobre la deuda que la Caja Costarricense de Seguro Social pretende cobrar a los trabajadores independientes debe considerar el informe de Auditoría Interna ASAAI-210-2013, del 25/11/2013, en el cual se indica que «la evaluación permitió determinar que el marco normativo que regula las cotizaciones de los trabajadores independientes, asegurados voluntarios y Estado, para los seguros del SEM e IVM no es claro ni conciso, y se encuentra sujeto a interpretaciones sobre el establecimiento de los porcentajes de cotización en ambos regímenes, lo anterior, genera una incertidumbre a la Administración sobre su correcta aplicación. Además, la administración no documentó que se haya solicitado un criterio legal que determine los alcances del artículo 3 de la Ley Constitutiva, el cual determine si el del sistema de contribución actual de los trabajadores independientes y asegurados voluntarios es razonable y se ajusta al principio de legalidad». ¿Será correcto que hasta se discuta un proyecto de ley para condonar deudas sin asentar debidamente su validez y legitimidad?
Jorge Herrera Fernández, Alajuela
Poder Judicial aclara
En el artículo de opinión titulado «Rompiendo el nudo institucional» (Página quince, 7/7/2021), se indicó que el Poder Judicial paga 12 años de cesantía. Por acuerdo de la Corte Plena, en la sesión 10-2020, del 2 de marzo del 2020, se dispuso ejecutar lo dispuesto en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, por ello, el Poder Judicial paga 8 períodos desde el 2 de marzo del 2020 en los casos en que corresponda.
Hugo Vega Castro, jefe de Prensa y Comunicación Organizacional del Poder Judicial
