Con todo respeto, sugiero a quien corresponda que limite el horario de transmisión de las sesiones de la Asamblea Legislativa en horas solamente para adultos, de modo que niños y jóvenes no tengan que escuchar las barbaridades que se dicen en el primer poder de la República. Algunas diputadas –pocas, por suerte– se expresan con vocabulario que deja mucho que desear.
En los últimos tiempos se ha escuchado a estas señoras expresarse de forma tan de vulgar que no es recomendable para menores de edad, porque estos podrían querer imitarlas. A decir verdad, las expresiones más vulgares las he oído de diputadas.
En un país como Costa Rica, las mujeres han sido siempre la cabeza del hogar y quienes guían la educación de sus hijos, junto a los docentes. ¿Cómo podrían los educadores llamar la atención a sus alumnos si la respuesta sería que algunos diputados se han expresado así o peor? Diputadas aparentemente educadas y de buena presencia se expresan con un lenguaje digno de visitantes frecuentes de cualquier bar del país.
Fernando Víquez Alfaro, Alajuela
Un país sin rumbo
Señales preocupantes: la creciente incorporación de la política autoritaria en el discurso del presidente Chaves, la galopante inseguridad producida por la disminución o eliminación de recursos asignados a la Policía, la desarticulación de la Guardia Costera y el aumento en el trasiego de droga. Y así justifica el mandatario su megacárcel.
Luego, la maratón por inscribir partidos taxi que le den la mayoría en la Asamblea, sus ministros que renunciaron para optar por diputaciones, los alcaldes que le dan su adhesión porque olfatearon la posibilidad de seguir usufructuando con los recursos públicos, la retórica con la que lleva a la Asamblea buses llenos de personas que no saben ni para qué van.
Parece que el único objetivo que lo guio fue el de instalar (y ahora perpetuar) en el poder a un presidente que no tenía ni programa de gobierno: solo quería el poder por el poder. Sin plan alguno, el resultado es un país que ha perdido el rumbo en seguridad, educación y salud.
Miriam Barquero Quirós, San Rafael de Montes de Oca
Ley 7600
El 21 de agosto, una noticia me llenó de alegría: la Municipalidad de Montes de Oca, bajo el liderazgo de don Domingo Argüello, impulsa una campaña para hacer respetar la Ley 7600, en especial lo relacionado con los espacios destinados a personas con discapacidad.
Las familias que tenemos un ser querido en condición de discapacidad y que se desplaza en silla de ruedas hemos luchado por años para que estos espacios sean respetados, pues representan una necesidad real y no un privilegio.
Sin embargo, me causó gran decepción ver que, en un reportaje, don Domingo le daba la razón a una señora adulta mayor que, a simple vista, se encontraba en perfectas condiciones de salud física, y estaba utilizando uno de estos espacios. Ser adulto mayor no equivale a ser una persona con discapacidad.
Estos espacios no son para adultos mayores con plenas capacidades físicas, sino para quienes afrentan limitaciones reales de movilidad. Si se utiliza silla de ruedas, andadera o existe dificultad comprobada para caminar, la necesidad es evidente y comprensible; pero generalizar la edad como criterio es confundir y desvirtuar el espíritu de la Ley 7600.
Agradezco y reconozco la iniciativa de don Domingo, pero pido mayor seriedad, coherencia y conciencia en su aplicación. Tener 65 años y estar en perfecto estado físico no otorga el derecho de utilizar espacios reservados para las personas con discapacidad.
Cecilia Fernández Campabadal, La Unión de Cartago
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