Capitalizar pérdidas del Banco Central

Según declaraciones del presidente ejecutivo del Banco Central, Francisco de Paula Gutiérrez, la menor emisión tendría varios efectos positivos. Permitiría reducir la inflación a los niveles prevalecientes en Latinoamérica, del 3 ó 4 por ciento anual en un período de 3 ó 4 años, bajar concomitantemente las tasas de interés en el mercado local y hacer más accesible el crédito a los usuarios del mercado financiero. Todos se beneficiarían de esos resultados: los consumidores, al poder adquirir bienes y servicios a menores precios nominales; los trabajadores protegerían el poder adquisitivo de sus salarios; los empresarios podrían financiar, a menor costo, sus inversiones; los inversionistas mantendrían las tasas reales de sus inversiones, y el Estado, al bajar las tasas nominales de interés, reduciría significativamente la partida de gastos por intereses y liberaría recursos para otros menesteres más apremiantes, como inversión, educación y salud.

Pero la reducción de la inflación a 4 ó 5 por ciento no debería producirse en un plazo tan prolongado, de tres o cuatro años, como pretende el presidente del Central. Al contrario, debería producirse mucho más rápidamente, habida cuenta de que el proyecto le trasladaría al Central títulos de hacienda, a tasas de mercado, en un plazo de dos meses a partir de la vigencia de la ley. Eso significa que, casi de inmediato, el Banco Central comenzaría a recibir los beneficios fiscales y no tendría que emitir dinero para el servicio de su deuda, por lo que la contracción monetaria se produciría también casi de inmediato. No hay ninguna razón para esperar tanto tiempo para reducir la inflación. El Banco se beneficiaría, además, del cambio en las expectativas, que también comenzarían a producir sus efectos rápidamente, una vez aprobada la ley. Las expectativas del mercado (incluyendo las de los bancos comerciales y demás entidades financieras) son así: si percibe que habrá menor emisión en el futuro, la descuenta inmediatamente. Y esto nos lleva a plantear un asunto de significativa trascendencia.

¿Por qué pretende el Banco Central que le otorguen un plazo de tres o cuatro años para reducir la inflación? Nos inquietaría mucho pensar que, en el fondo, decida mantener una política monetaria expansiva para financiar al sector privado, por ejemplo, a costas de la inflación, como lo ha hecho en algunos períodos en el pasado y, en particular, en el 2005, cuando la emisión creció al 20% y el crédito al sector privado se disparó un 22%. Por eso creemos que trasladar las pérdidas del Banco Central al Estado no debe ser un cheque en blanco. Hay que exigirle condiciones e imponerle limitaciones. Para empezar, debe modificarse la ley para establecer, sin ninguna duda, que el único objetivo del Banco Central es controlar y mantener la inflación, sin consideraciones de ninguna otra naturaleza. El mismo Banco ha confesado que, en el pasado, permitió una inflación mayor que el promedio latinoamericano para evitar que las tasas de interés abortaran el crecimiento económico.

También ha sacrificado sus pérdidas de operación, al endeudarse en dólares para mantener un tipo de cambio insostenible o, en colones, por sostener un régimen cambiario que ha dejado de funcionar adecuadamente. También se ha endeudado en el pasado por reducir los encajes bancarios para bajar el margen de intermediación financiera. El Banco les achaca todo el resultado de sus pérdidas de operación a las deudas cuasifiscales que asumió en los ochenta, impuestas por una ley absurda de la Asamblea Legislativa. Pero no es así. La excesiva expansión monetaria creada para financiar al sector privado, o mantener suficiente liquidez para que el Gobierno pudiera financiar fácilmente sus déficits en el mercado sin tener que ajustar las tasas de interés, son pecados que no se deben repetir. Y, por eso, el proyecto debe complementarse.

Además de corregir esos defectos, deben reformarse los objetivos de la institución contemplados en la Ley Orgánica del Banco Central , para inducirlo a adoptar y mantener un sistema de inflation targeting (metas de inflación) como el mismo Banco ha anunciado. Y, dentro de este esquema, adoptar sin dilación un régimen cambiario mucho más flexible, con un triple propósito: evitar que las entradas de capital externo distorsionen y anulen la política monetaria con la obligada adquisición de reservas (en colones) y su desmonetización posterior, que tiene un costo financiero más alto; utilizar el tipo de cambio como instrumento de ajuste para equilibrar la balanza de pagos en vez de recurrir al endeudamiento o subir las tasas de interés; y dejar de garantizar el tipo de cambio a los bancos comerciales e inversionistas extranjeros. Que cada quien asuma sus propios riesgos, si de ello se derivan beneficios. La nueva ancla para controlar la inflación debe ser la política monetaria. Y, en eso, ni el Banco ni los legisladores deberían transigir.