EscucharParece un juego, pero los más viejos del lugar pueden suponer que se trata de una lesión contra el régimen de justicia del país en momentos en que todos claman contra la corrupción y la impunidad. La fuga del ciudadano estadounidense Edwin Lowery, condenado por estafa, presenta un cuadro inusual, en el marco de un estado de derecho, que ha de mover a las autoridades judiciales, como ha excitado el enojo, con toda razón, del abogado de los 31 demandantes afectados por Lowery.
No señalamos culpables. Sencillamente, reseñamos los hechos principales que hablan por sí solos. Edwin Lowery fue condenado en 1995 por una serie de estafas superiores a $20 millones (¢7.250 millones), que demuestra su habilidad en el oficio. Los jueces dictaron, en esta oportunidad, impedimento de salida del país. Empero, salió del territorio nacional, como Juan por su casa, cinco veces en los últimos cinco años, según reporte de la Dirección General de Migración: una vez a Guatemala, tres a EE. UU. y otra con destino sin precisar. Su última salida quedó documentada el 24 de julio pasado, el día de la sentencia. Su abogada dijo que su cliente estaba enfermo en una clínica privada lo que, por supuesto, deberá probar. Esta historia de fugas es de sobra conocida. Entre las últimas sobresalen los hermanos López, quienes, tras el colapso del Banco Anglo, salieron por la frontera de Paso Canoas con todos los honores del caso, y Jorge Martínez, tras sus maniobras delictivas en Fodesaf, quien, pese a las demandas de extradición del Gobierno de Costa Rica, está en Canadá, al amparo de los dilatados procedimientos de este país.
Si un personaje de estos quilates delictivos puede salir del país en cinco oportunidades, con más facilidades, al parecer, que cualquier costarricense, pareciera que disfruta de un salvoconducto milagroso, capaz de abrir puertas y ventanas, o de amigables allegados que se las abren de par en par. Esto revela un sistema totalmente resquebrajado. Confiamos en que las autoridades de Migración ya estén realizando las investigaciones. A estas sorpresas ha de agregarse que, según el abogado de los demandantes, Édgar Fernández, no existía embargo sobre sus propiedades, lo que torna más difícil recuperar el dinero estafado. ¿Por qué tanta lenidad? No sabemos si así lo estipula algún arcano judicial, pero estas gracias no son congruentes con los atestados del condenado. Viene luego otro episodio curioso. Los jueces, para tenerlo a buen recaudo, habían pedido a Lowery entregar el pasaporte, mas este hizo lo típico en estos especialistas: lo declaró extraviado. El abogado Fernández puso sobreaviso a las autoridades judiciales, a quienes les presentó copias de otros pasaportes del imputado originados en países diferentes de EE. UU. Pero una prueba tan evidente para sospechar de las intenciones de Lowery a nadie conmovió, como no convencieron a los jueces los argumentos para decretar prisión preventiva porque, según ellos, equivalía ¡oh delicadeza! a adelantar criterio. Por supuesto, el condenado se les adelantó.
Hay, sin embargo, en esta maraña un dato favorable al condenado: cumplió con la medida cautelar de presentarse física y puntualmente al despacho judicial, menos en el último viaje, que lo llevó por otros aires. Como colofón, el abogado Fernández ha solicitado investigar la desaparición de 19 denuncias más contra el acusado. Lo dijimos antes, no señalamos culpables, pero si esta saga judicial no inicia ya una investigación profunda en el Poder Judicial y en Migración, alguien podría creer, maliciosamente, que huele a podrido en alguna parte.
