EscucharLa calificadora internacional de riesgos, Fitch Ratings, elevó la valoración del denominado "techo país" de Costa Rica de "B" a "B plus". Y, aunque no varió la "calificación soberana", las emisiones de títulos valores de los sectores público y privado, en adelante, serán mejor percibidas y recibidas en el mercado financiero internacional. Y eso es una ventaja.
La "calificación soberana" es la valoración objetiva, con base en indicadores económicos, realizada por agencias especializadas sobre la capacidad de un gobierno para hacer frente a sus obligaciones (deuda pública externa). Cuando la calificación es muy buena, se otorga el "grado de inversión", que asegura a los inversionistas extranjeros que no hay riesgo de perder sus inversiones por las condiciones económicas favorables del país involucrado. Costa Rica todavía no tiene el grado de inversión, pero ha mejorado la calificación del denominado "techo país", el máximo grado que se otorga a las emisiones de los sectores público y privado en cuanto al riesgo de convertir la moneda para hacer pagos al exterior, incluida la posibilidad de imponer restricciones a la trasferencia de saldos en moneda extranjera en el país (como el desprestigiado "corralito" en Argentina, que impidió transferir dólares bien habidos al exterior, con lo que desestimuló la inversión extranjera). En economía y finanzas una buena calificación soberana que implique "grado de inversión" y del "techo país" se asocian normalmente con menores tasas de interés, mejores condiciones de financiamiento y más inversión extranjera. Y la nueva calificación significa un paso hacia delante en el proceso de globalización.
Según el representante de Fitch Ratings en Costa Rica, Erick Campos, el mejoramiento en el "techo país" se debe a la integración de Costa Rica al mercado internacional, su fuerte vocación exportadora y su sana institucionalidad, que reducen el riesgo de imponer controles de cambios o una moratoria sobre el servicio de la deuda externa del sector privado. En eso tiene razón. Pero hay otros elementos no menos importantes que quisiéramos agregar para su consideración en el futuro. En primer lugar, Costa Rica ha mantenido un buen récord de pago puntual del principal e intereses de sus obligaciones internas y externas durante los últimos 16 años. No hay gasto dentro del presupuesto nacional, ni siquiera sueldos y salarios, que tenga prioridad sobre el pago de la deuda. Además, un gran número de empresas privadas e instituciones costarricenses tienen probada capacidad de pago y han logrado calificaciones superiores a las de la deuda soberana, como ciertas emisiones del ICE, y los títulos de entidades que se cotizan en la Bolsa Nacional de Valores.
En segundo lugar, ni el Gobierno ni el Banco Central pueden legalmente imponer restricciones a la libre convertibilidad de la moneda, según la reforma vigente a la legislación cambiaria adoptada desde 1996, independientemente del régimen cambiario que tenga. Y, dentro de esa misma línea, se encuentra la decisión del Banco Central de avanzar hacia un régimen cambiario más flexible, donde eventualmente las cotizaciones diarias conducirán a equilibrar el tipo de cambio conforme a la oferta y la demanda, e impedirá la acumulación de presiones cambiarias, propias de los regímenes cambiarios fijos o semifijos. Si el tipo de cambio se ajusta gradualmente a su nivel real de equilibrio, que tome en cuanta no solo las transacciones de mercancías y servicios (turismo), sino también movimientos de capital y el servicio de la deuda, no habrá necesidad (ni tentación) de imponer restricciones cambiarias indebidas. En este aspecto institucional, Costa Rica va bien orientada.
Nos quedan, sin embargo, importantes tareas pendientes para mejorar la calificación soberana y enrumbar al país por la senda del grado de inversión, que es la mejor calificación o rating que se podría obtener. Debe ratificarse a tiempo el TLC con EE. UU. ,Centroamérica y la República Dominicana, arreglarse definitivamente el problema fiscal (por la doble vía de reducción de gastos y modernización de impuestos), reformar el sector público para hacerlo más pequeño y eficiente, conformar el sistema financiero con las modernas tendencias de liberalización y eficiencia, revisar el proteccionismo y adoptar la serie de medias que han recomendado, entre otros, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. No es difícil hacerlo cuando hay voluntad política. México y otros países latinoamericanos ya lo lograron. En Centroamérica, El Salvador y Guatemala lo hicieron recientemente, y la misma entidad calificadora, Fitch Ratings, les dio el grado de inversión. Costa Rica no debería quedarse atrás.
