Llama la atención que la prensa nacional no haya asociado las noticias tan sorprendentes que han llegado de EE. UU. con uno de los episodios más recientes y más sonados en el país: la frustrada intención del gobierno de don Miguel Ángel Rodríguez y la empresa Harken Costa Rica Holding de explorar y explotar petróleo aquí.
Gracias a la tenaz lucha de un grupo de ciudadanos y ciudadanas, al adecuado tratamiento profesional que se dio al caso y a la correcta decisión de la Sala Constitucional fue posible que la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) del Minae frenara, con los más sólidos argumentos técnicos y legales, dicha pretensión.
El contrato se suspendió porque Harken no fue capaz de cumplir a cabalidad con un estudio de impacto ambiental que garantizara la protección ambiental y social, requisito básico para ser aprobado. La Setena declaró el 28 de febrero del 2002 que el proyecto era "inviable ambientalmente".
Para los empresarios estadounidenses fue un golpe inesperado que la pequeña Costa Rica se atreviera a cerrarles la puerta. Por supuesto que protestaron, reclamaron, presionaron y amenazaron.
Con prepotencia, se atrevieron a exigir al país una suma "billonaria" que "razonablemente" reducen a $80 millones, por los gastos en que incurrieron y todas las ganancias que durante 26 años dejarían de percibir. ¡Increíble! Pero lo peor para ellos es que la empresa demandante, la Harken Energy Company, es la que está causando tanto revuelo en EE. UU. por supuesto mal manejo de fondos (¿fraude?) del actual presidente Bush, socio de Harken.
Sorprende, pues, que la prensa nacional no haya destacado esa relación, que dará argumentos a la actual administración para rechazar la absurda demanda y para contraatacar por los daños y perjuicios que el país sufrió durante 30 meses de resistencia y el deterioro ambiental, social y cultural, no por 26 años, sino eterno, de haberse llevado a cabo la pretendida actividad petrolera.
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