Ira, mala consejera
El reciente asesinato de Muriel Camacho, de 11 años, a manos de un pretendiente que la quintuplicaba en edad, sumado a varias denuncias de ataque sexual contra menores que trascendieron los días siguientes, sumió al país en otra ola de estupor e indignación.
Entonces se escucharon de nuevo las voces estridentes clamando por penas de muerte y demás medidas extremas. Los mismos medios de comunicación abrimos páginas y micrófonos para que los ciudadanos exteriorizaran su repudio y enojo.
Pero la ira no es buena consejera.
Un noticiero de televisión puso a la audiencia a escoger entre penas más severas, tratamientos médicos o castración, como posibles medios de castigar a los abusadores. Como era de esperar, la castración alcanzó, por mucho, los porcentajes más altos de respuesta.
Ahora bien, un abusador castrado ¿elimina el problema? Lo dudo. Salvo que también le cortemos las manos para que no toque, le saquemos los ojos para que no vea, le cercenemos la lengua para que no perturbe de palabra y le amputemos las orejas para que no oiga siquiera las voces infantiles.
Lo que lograríamos, posiblemente, sería añadir a la perturbación mental una mutilación física que a la postre podría agravar aún más las posibilidades y la gravedad de los ataques.
Y ¿qué se puede esperar cuando los propios padres negocian con los abusadores, por ignorancia o necesidad, un arreglo “extrajudicial”?
El problema es muy serio, y la solución no es fácil. Y nadie tiene la respuesta ideal.
Lo que sí podemos hacer como sociedad es exigir a las autoridades una vigilancia eficaz , pero, sobre todo, preventiva, demandar de los legisladores las leyes adecuadas en los plazos prudentes, requerir de los jueces fallos cuidadosos y estrictos, y comprometernos todos en una actitud más solidaria hacia los demás.
De lo contrario, seguirán los lamentos. Y las poses.