EscucharNo se debe cerrar el capítulo de los rumores sobre una infundada intervención del BAC San José por la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) sin hacer un balance de lo ocurrido ni derivar las respectivas enseñanzas.
Los hechos son conocidos; fueron ampliamente difundidos por la prensa: el martes de la semana pasada circuló un rumor en las oficinas del BAC San José en Heredia de que la SUGEF intervendría a la institución bancaria, sin especificar las causas de la supuesta intervención. El rumor se propaló en forma virulenta a otras agencias y sucursales y, al anochecer, muchas de ellas se encontraban abarrotadas de gente que trataba de sacar sus ahorros en efectivo para depositarlos en otras entidades bancarias. El mismo fenómeno se presentó al día siguiente, a pesar de que en la noche del mismo martes el gerente general del Banco BAC San José, Gerardo Corrales, y los jerarcas del Conassif y la SUGEF, Luis Diego Rojas y Óscar Rodríguez, aclararon públicamente que el rumor no tenía fundamento y que los depositantes y ahorradores debían estar tranquilos. Por demás está decir que el Banco respondió adecuadamente al retiro de los fondos, y la normalidad en el giro de sus operaciones se restableció, sin que se desarrollara ninguna crisis financiera ni, mucho menos, sistémica.
La primera lección es para los depositantes. La maledicencia es mala consejera. Se dejaron influir por rumores infundados sin exigir ninguna explicación lógica, razonable o técnica, ni verificar que la liquidez o solvencia se hubieran debilitado. Tampoco decidieron constatar la opinión de las autoridades ni valorar siquiera la situación patrimonial y financiera de la institución a la que habían confiado sus recursos. Pero aquí reside la perversidad del rumor. El BAC San José es un banco sólido. Según información de la SUGEF, a junio de este año mantenía activos por 231.395 millones de colones, pasivos por 211.750 millones, obligaciones con el público (ahorro, cuenta corriente y depósitos a plazo) por 162.548 millones y un patrimonio de 19.644 millones. Los indicadores financieros muestran que las operaciones al cobro son relativamente bajas, hay un fuerte compromiso patrimonial y la rentabilidad sobre el patrimonio era del 24,73%, muy superior al promedio de la industria (15,19%). El grupo financiero es apoyado por bancos del exterior y mantiene un margen neto del 20,9% y un índice de eficiencia del 62%. Con esas cifras, no se justificaba ninguna intervención.
La segunda lección es para las autoridades financieras: Conassif, SUGEF y Banco Central. El hecho de que un simple rumor corriera tan velozmente y provocara una salida importante de fondos, en escasas 48 horas, debe obligarlos a poner las barbas en remojo.
No es suficiente que, ante una eventualidad, salgan a la prensa a desmentir rumores y tratar de apaciguar el mercado. Su deber primordial es regular preventivamente el sistema para infundir confianza y evitar que hechos como estos sucedan. Deben tener en consideración que hay mucho nerviosismo entre los agentes financieros y el público en general, motivado por lo ocurrido al Banco Elca, el descalabro de los fondos de inversión (donde mucha gente perdió mucho dinero), la incertidumbre por la aprobación de la reforma tributaria y el Tratado de Libre Comercio (TLC) con EE. UU., el aumento en los precios del petróleo, deterioro de los índices económicos, como mayor inflación, aumento en tasas de interés, menor crecimiento de la producción (que motivaron la imposición de medidas restrictivas del Banco Central) y el deficiente liderazgo gubernamental en la conducción de la política económica.
Existe, además, un dilema irresuelto en la normativa vigente: ni SUGEF ni Conassif publican suficiente información sobre la calificación de los indicadores financieros de los bancos, denominado CAMULS, por lo que ni los inversionistas y depositantes ni los acreedores logran tener información oportuna de la verdadera situación financiera de cada institución regulada. La SUGEF se reserva la información relevante y, cuando decide intervenir, lo hace por sorpresa, cuando ya, quizás, es demasiado tarde (en el caso de Elca lo sabremos pronto). Eso provoca incertidumbre y motiva, en parte, la reacción a veces infundada de los depositantes.
La tercera lección (y admonición) va para el Gobierno y los diputados, reacios a concluir las reformas legales para mejorar el sistema financiero. Los distintos proyectos de ley descansan bucólicamente en la Comisión Legislativa creada al efecto, sin que el Gobierno los impulse ni las fracciones legislativas se decidan a acordar un texto definitivo. Parte de las reformas contempladas incluyen la creación de un seguro de depósitos para el público (destinado principalmente a ahorrantes pequeños), lo que modernizaría el sistema e infundiría más confianza para situaciones como la sufrida por el BAC San José. Esperamos que, cuando los diputados y el Gobierno se decidan a actuar, no sea demasiado tarde.
