EscucharUno de los problemas más graves del país es que hemos renunciado al sentido de responsabilidad al tiempo que hemos perdido el sentido de autoridad. Esto es evidente en el sector de la educación, donde temas de fondo como la cobertura y calidad de la educación, la elevación permanente de la calidad del cuerpo docente, el buen uso de la evaluación, o la formación en valores y el cultivo del sentido estético, han dado paso a discusiones sobre pelos y faldas y bultos y no sé cuántos detalles más.
La autoridad la hemos perdido tanto en el sentido de que quienes deben ejercerla no la ejercen, y quienes deben acatarla no la acatan como en el sentido más profundo de que pretendemos ejercer la autoridad por la autoridad: el sí porque sí o el no porque no; pero eso ya no es autoridad, eso ya no es disciplina, es puro y simple autoritarismo. Para que la autoridad sea realmente autoridad y, sobre todo, para que sea parte de un proceso educativo y formativo, debe ser una autoridad razonada y razonable.
Es evidente que, como parte de su aprendizaje a vivir en sociedad, a vivir con otros - a convivir-, las muchachas y muchachos deben aprender a enfrentar límites y normas, a seguir ciertos criterios de convivencia que reflejan los acuerdos sociales del momento. Estas normas y límites pueden tener que ver con muchas cosas: desde los contenidos y el grado de dificultad de los cursos o el respeto con que debe tratarse a docentes y compañeros, hasta determinadas normas de presentación. Esas normas o límites son un ejercicio de autoridad y, por supuesto, suponen una disciplina; pero, para que cumplan su propósito educativo, deben sustentarse no en el mero autoritarismo, sino en razones que, aun cuando los estudiantes puedan no compartir, tienen derecho a conocer y a discutir.
Asumir su papel. Pero así como hemos olvidado cómo ejercer correctamente la autoridad, también hemos renunciado al sentido de responsabilidad que ha sido cedido, expropiado o diluido en tantas direcciones que, al final, nadie se hace responsable de nada. En el caso particular de la educación esto se refleja en la práctica absurda de un Ministerio que está mal centralizado y mal descentralizado: responsabilidades que debían corresponder a las familias, docentes o directores y directoras, fueron trasladándose hacia el ministro y su despacho que, en lugar de dedicarse a cumplir con su verdadera responsabilidad de dirigir la educación nacional, terminaron desgastándose en exigir el cumplimiento meticuloso de los más ínfimos detalles de la vida estudiantil. De paso, se ha minado la responsabilidad y autoridad en todos los demás niveles del sistema y, sobre todo, la de las directoras y directores de escuelas y colegios, y la de sus profesores, que se han visto agobiados con la necesidad de cumplir con un sinnúmero de reportes sobre el cumplimiento cotidiano de todo tipo de requerimientos.
No es así como debe ejercerse la autoridad ni la forma en que deben asignarse y asumirse las responsabilidades. Cada uno de nosotros, desde el estudiante hasta el Ministro, deben asumir su papel en el sistema educativo, sin falsas delegaciones, sin renuncias y sin expropiaciones de la autoridad y respon- sabilidad que debe ser asumida por cada uno. No puede saber el Ministro mejor que las directoras y directores de los centros educativos cómo deben aplicarse, en cada caso, las normas vigentes. Y no debe suplantar su autoridad ni relevarlos de su responsabilidad. En esa dirección de recuperar el verdadero sentido de la autoridad y la responsabilidad queremos movernos en esta administración porque de eso trata, precisamente, el proceso educativo.
Directriz ministerial. Para ello, no hace falta modificar un solo decreto, transformar una sola directriz y, mucho menos, alterar una sola ley. Simplemente tenemos que hacer las cosas con el sentido común, la sensatez y la sensibilidad que la normativa vigente establece, de manera que el sistema educativo efectivamente eduque con sentido crítico, en libertad y responsabilidad.
Para empezar, tenemos que es a los Consejos de Profesores o reuniones de maestros de cada institución a quienes compete definir las normas sobre el uso del uniforme y la debida presentación de sus estudiantes. Además, según la normativa vigente, esa definición debe hacerse de conformidad con las peculiaridades sociales, económicas y culturales de la población a la que sirve; y ser del conocimiento de estudiantes y padres de familia antes de ser aplicada, al inicio de cada curso lectivo. Lo mismo se aplica a los uniformes especiales para bandas, abanderados, bastoneras y otros. En cuanto a la revisión de bultos por motivos de seguridad, esta no es una orden general del Ministerio, sino una facultad que, cuando considere oportuna, puede aplicar el director o directora de cualquier centro educativo.
Lógicamente, las autoridades de cada institución educativa, tanto como sus estudiantes y las familias, pueden contar con todo mi apoyo para que, cada uno, pueda asumir en forma responsable el papel que le corresponde en este proceso de aprendizaje.
En ese contexto, respetuosamente, me permito hacerle llegar copia de la Directriz Ministerial n.° 01-2006, emitida por el suscrito este 30 de mayo, con la cual les estamos restituyendo a los centros educativos y cuerpos docentes su autoridad y responsabilidad para dictar y supervisar aquellas disposiciones que estimen pertinentes para alcanzar una sana y armónica convivencia con sus respectivas poblaciones estudian- tiles.
