Argumento contra la competencia

Se dice que, como la empresa privada busca las máximas ganancias, no prestaría servicios en las actividades o regiones marginales pues la relación de costos a beneficios es muy alta; al contrario, dedicaría esfuerzos y recursos a áreas en las que los rendimientos son elevados. En lenguaje técnico de los economistas, la relación costo-beneficio privado no llevaría a invertir en esas áreas; pero, si se toma en cuenta una relación costo-beneficio social, debería invertirse en ellas. Es decir, lo que alegan es que, de darse la apertura, al ICE le dejarían los huesos (zonas rurales y pobres), mientras que los nuevos competidores agarrarían la cremita (zonas urbanas y ricas).

Derechos y deberes. La preocupación anterior puede estar justificada; pero, si hay una diferencia entre rentabilidad privada y rentabilidad social, ¿es necesario oponerse a la propuesta de competencia? Parece estar claro para los costarricenses que los potenciales competidores del ICE estarían sujetos a lograr una concesión para prestar esos servicios, que son, de acuerdo con el criterio de rentabilidad social, considerados significativos o sensibles . Las concesiones se definirían en un contrato que contendría derechos y deberes, lo que permitiría –como en otros países– utilizar dos mecanismos alternativos.

Según una opción, el contrato señalaría que cierto porcentaje de las utilidades de las firmas que obtengan una concesión del espectro electromagnético (incluido el ICE, que hoy no paga), se destine a un órgano que regule al sector, el cual, entre otros, tendría como objetivo desarrollar las telecomunicaciones en áreas donde el sector privado “no entraría” por no ser rentable hacerlo (un fondo para acceso universal). Este fue el exitoso camino que siguió Chile.

Vía exitosa. Otra alternativa sería que el contrato poseyera una cláusula por la cual las firmas que dispongan de una concesión del espectro estarían obligadas a prestar servicios, de forma parcial, gradual, e incorporadas en un plan de desarrollo, en las áreas que dejarían de ser normalmente cubiertas. Este fue el camino, también exitoso, que decidió seguir El Salvador.

En suma, con esas opciones, dentro de una regulación eficiente, quedarían disipadas las preocupaciones de quienes argumentan de tal forma para oponerse a la apertura y a la competencia pues habría recursos para lograr el desarrollo de las áreas “no privilegiadas”.