EscucharLa apertura del mercado de las telecomunicaciones ha sido, y será en el futuro inmediato, un punto de fricción entre diferentes sectores. A partir de mi experiencia como moderador de la Comisión de Telecomunicaciones del Proceso de Concertación Nacional en 1998 y como representante de Conare en la comisión legislativa mixta que estudió el fortalecimiento del ICE durante mas de dos años, quisiera aportar mis experiencias a la discusión de un tema cuya relevancia nadie pone en duda.
En el contexto del debate sobre la apertura, el fortalecimiento del ICE es materia recurrente. Para algunos, "fortalecerlo" es simplemente una manera de consolidar su monopolio; otros parecen creer que es solo un formalismo para abrir el lucrativo mercado de las telecomunicaciones. Al respecto es importante hacer algunas reflexiones. No hay "fortalecimiento" posible que le permita al ICE desempeñarse eficazmente en un entorno de competencia típico, porque el uso que hace de fondos públicos requiere de un control que, aunque mínimo, siempre lo pondrá en desventaja ante operadores privados. A menos que el país renuncie a ese control, lo que equivaldría a una privatización de hecho de la institución. Es posible, eso sí, flexibilizar algunos procesos, lo que de paso pareciera ser una necesidad para gran parte del sector público. Pero mientras siga siendo entidad pública, nunca contará con un entorno jurídico que haga irrelevantes las diferencias esenciales que el ICE tiene -y tendrá siempre- con la empresa privada.
Este control al que el ICE está sometido incide directamente en su capacidad para reaccionar frente al vertiginoso desarrollo tecnológico. Para satisfacer necesidades sociales, la parsimonia institucional es aceptable y a veces hasta conveniente. Pero para algunos sectores productivos, sobre todos aquellos bajo la intensa presión de la competencia internacional, una ágil actualización de la oferta de servicios tecnológicos es una cuestión de supervivencia. El ICE, limitado por su naturaleza pública, sin una cultura de servicio al cliente de por sí improbable en una situación de monopolio, no puede atender satisfactoriamente la inaplazable urgencia de servicios avanzados de telecomunicación que el sector productivo tiene.
La Ley Marco . No obstante, el asunto de fondo no es el ICE, sino el modelo solidario que ha desarrollado exitosamente el país. Este modelo, en el que no solo lo rentable es atractivo, debe defenderse sin ambigüedades. Por eso hay que definir un justo medio, en el que el modelo sea solidariamente sostenido por todos los operadores en el mercado, pero que igualmente existan opciones que puedan suministrar ágilmente servicios tecnológicamente avanzados para quien así lo requiera.
En todo caso, queda claro que la manera de emparejar a los actores en un eventual mercado abierto no es tratando de transformar al ICE en algo que no puede ser (una empresa privada), sino exigiendo a quienes vengan a operar al país que compartan nuestros objetivos nacionales en materia de telecomunicaciones. Se ha dicho que en estas condiciones las empresas privadas no estarían interesadas en venir; en este caso, aunque vengan a proveer de servicios que ciertos sectores solicitan, no es opción para el país poner en peligro el modelo solidario que tanto esfuerzo ha costado, por atender las necesidades de unos pocos. A menos, por supuesto, que quienes claman por la apertura se hagan responsables del mantenimiento de ese modelo, incluyendo sus costos.
Todo lo anterior resalta la importancia de la denominada Ley Marco , que definirá las reglas de juego en el mercado de las telecomunicaciones, incluyendo las responsabilidades de todos los operadores y la delimitación de las competencias del Ente Regulador que, sin duda, debe crearse. Solo así podremos conciliar las necesidades apremiantes de un sector económico y productivo dinámico que requiere servicios de avanzada, con la protección del modelo que ha dotado de servicios básicos a amplios sectores de la población, que no habrían sido tomados en cuenta de no ser por la existencia del ICE.
