La Conferencia Internacional de Alma Ata (Kazajstán, 6-12/9/78) definió la atención primaria de salud (APS) como “atención sanitaria esencial, basada en la práctica, en la evidencia científica y la metodología y la tecnología socialmente aceptables, accesible universalmente a los individuos y a las familias en la comunidad a través de su completa participación, y a un costo que la comunidad y el país puedan soportar”. El objetivo era que, en el 2000, toda persona tuviera un nivel de salud que le permitiera llevar a cabo una vida productiva en lo social y en lo económico. Se entendió la salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y un derecho humano cuya consecución debía ser prioritaria dada la relación entre salud, desarrollo, calidad de vida y paz.
La idea era llevar la atención sanitaria lo más cerca posible del sitio en el que las personas viven y trabajan, para dar y promover servicios preventivos, curativos y rehabilitadores, así como de agua potable y saneamiento básico. Al señalar que el costo fuera soportable, se refería a la “simplificación del conocimiento” (técnicos y auxiliares hacen el trabajo básico delegable) y a la “tecnología apropiada”, (equipos menos lujosos y más baratos: en el Hospital México, el Dr. Orlando Jaramillo construyó una lámpara para tratar problemas dermatólogicos a un precio ínfimo comparado con el de una importada). En cuanto al aporte estatal, la Conferencia advirtió que “puede conseguirse un nivel aceptable de salud para todo el mundo en el año 2000, mediante una utilización mejor y más completa de los recursos mundiales, una considerable parte de los cuales se gastan hoy en armamento y conflictos militares”.
Traspiés y desafío. Pero hoy, en el aniversario 25 de Alma-Ata, la “salud para todos” sigue siendo un desafío. Entre los traspiés del proceso, los gobiernos siguieron invirtiendo en armas y no en salud, y la política del ajuste estructural de la década de 1980 debilitó la inversión social, lo que se agravó en los años 90.
Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en 1990, el 20% más rico de la gente del mundo registró ingresos por lo menos 150 veces superiores a los del 20% más pobre, y, en 1992, el 20% más rico de la población mundial recibió el 82,7% de los ingresos totales del mundo, mientras que el 20% más pobre tan solo el 1,4%. En la década anterior, el Banco Mundial y el FMI auspiciaron el traslado de actividades del sector público y privado: según Griffin, “en algunos casos, los hospitales consumen una proporción tan grande del presupuesto público que regalarlos sería menos costoso que conservarlos” ( Finanzas & Desarrollo, marzo de 1991). Luego, con la fórmula de “riesgo país”, limitaron las inversiones para endeudarse y financiar la construcción de hospitales e infraestructura sanitaria.
Desnutridos, sin agua... Al llegar al 2000, como apunta Rifkin (“Foundation on Economic Trenes”, El País , 22/9/ 01), las 356 personas más ricas del mundo disfrutaron de una riqueza colectiva que excedió a la renta anual del 40% de la humanidad; 850 millones de personas estaban desnutridas y cientos de millones carecían de agua potable adecuada o de combustible suficiente para calentar sus hogares.
La atención en salud debe ser integral: biopsicosocial, preventiva y curativa, y, como promueve la APS, debe brindarse en el nivel más cercano a la población; en el proceso, la educación en salud para cambiar conocimientos, actitudes y prácticas es una tarea prioritaria. Por eso, 25 años después de Alma Ata, no nos queda más que lamentar el tiempo perdido y aprender de los errores; pero, sobre todo, debemos cambiar nuestra actitud: la meta de “salud para todos” ha de seguir vigente, y ningún gobierno debe desestimar la importante y prioritaria tarea de invertir en salud. Nuestro objetivo debe ser hoy: “Salud para todos en el 2025”; nuestro compromiso diario, trabajar para lograrlo; nuestra ilusión, forjar un mundo más solidario; nuestro anhelo, construir cada día un mundo más humano, de mayor bienestar y calidad de vida para todos.
Escuchar