L a reforma a la legislación electoral que está preparando el TSE (Tribunal Supremo de Elecciones) es urgente. Al actual sistema político electoral (del cual nos ufanamos chauvinistamente por tantas décadas) se le acabó la cuerda Ya lo evidenció el abstencionismo y el voto nulo del 32,9 por ciento de 1998 y lo confirman los estudios de opinión social de 1999 y el 2000. La gente se siente cada día menos representada. Esa reforma es urgente para nosotros, los ciudadanos, y también para la clase política misma: su sobrevivencia y su legitimidad dependen den de ello. Igual sucede con la gobernabilidad del país en las próximas décadas.
Los dos proyectos presentados al TSE por la Comisión Consultiva, coordinada por el expresidente Rodrigo Carazo Odio y por CAPEL-IIDH, constituyen un importante paso adelante y son documentos de alto valor analítico. Sin embargo, son aún parciales en algunos aspectos. Resuelven con inteligencia varios dilemas, pero dejan pendientes algunos otros. Como un simple ciudadano, preocupado por el destino del sistema democrático, quisiera que esta reforma no la hiciéramos a la tica, dejando pendiente de solución asuntos esenciales. Es hora de tomar al toro por los cuernos y apostar por una reforma integral. Es urgente que el TSE analice, además, otras posibles medidas de reforma con el objeto de sacarnos del marasmo y del deteriorado ciclo político en que hemos caído hace ya mucho tiempo. Algunas de estas medidas adicionales suponen un bisturí mayor para un paciente que está endémicamente enfermo.
Ampliación a 6 años. Nuestro cansino ciclo electoral ha hecho que el ejercicio real del poder político sea muy limitado, restringiéndose a 2 ó 3 años reales de gobierno. La instalación y la precampaña electoral agotan malsanamente el tiempo real del poder, impidiendo que los ministerios puedan desarrollar realmente políticas de mediano y largo plazo. Las política públicas, salvo contadas excepciones, son espasmódicas y abortadas cada 3 ó 4 años. En ausencia (por el momento) de un régimen parlamentario que pueda garantizar la extensión ilimitada de un buen gobierno, o bien su caída en caso contrario, una opción es el período de 6 años. Paralelamente, hay que crear la figura del impeachment o voto de censura por medio del parlamento, o bien de iniciativa popular calificada, en los casos en que el gobierno no satisfaga el pacto político con los ciudadanos.
Elección de medio período. En muchas democracias modernas, la elección de la mitad del parlamento (a la mitad del período presidencial) ha comprobado ser absolutamente eficaz en dos sentidos: a) como mecanismo para relevar diputados e inyectar nuevas ideas, resultado de la presión ciudadana; b) como excelente medida de control ciudadano sobre el Poder Ejecutivo. Al mal gobierno se le castiga, quitándole el apoyo parlamentario. Al buen gobierno se le aumenta.
Referendo in extenso. Nuestro parlamento, lamentablemente, rechazó la creación del referendo hace pocas semanas, hecho que debería ser corregido con prontitud. La regulación constitucional y sustantivo-legal del referendo es urgente para una reforma política integral. La gente debe tener derecho a decidir directa y cuantitativamente cuando la delegación representativa no sea suficiente o exista contradicción con ella. Deberá complementarse a la figura del referendo municipal, según la reforma al Código Municipal de 1998.
Tiempo de convocatoria. El voto de arrastre de la elección presidencial constituye un factor distorsionador y malsano de todo el juego electoral, ampliamente estudiado por los sistemas electorales comparados. Hay que diferir en el tiempo la elección del Ejecutivo, con la mitad del parlamento a medio período y las elecciones municipales en un momento diferente. Es una reforma imperativa. El proyecto CAPEL-IIDH prevé este último punto, propone la convocatoria municipal para diciembre del mismo año de la presidencial.
Listas abiertas y cerradas. En este caso, una opción inteligente sería crear los dos sistemas: listas de diputados abiertas y cerradas. La opción propuesta por Kevin Casas al TSE en este sentido parece razonable y capaz de imprimirle dinamismo al sistema. Además, es importante la reforma, propuesta por la Comisión Mixta y por CAPEL-IIDH, de votar por diputados nacionales, por un lado, y de representantes de circuitos electorales, por otro. La reestructuración de circuitos o circunscripciones electorales es urgente.
Entidad suprapartidista. La distorsión del ciclo electoral impide que los gobiernos puedan promover políticas públicas a largo plazo. Esto incapacita al país para resolver sus endémicos problemas de desarrollo. Una opción, al igual que lo están haciendo otras sociedades, es la creación de una entidad de expertos y técnicos que sobre la base de un pacto suprapartidista y con un decisivo apoyo material y político diseñe y monitoree políticas públicas a 10, 15 ó 20 años plazo. Su equipo tiene que ser permanente, indiferente al cambio electoral. Podría estar adscrita al parlamento.