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Dentro de un mes, exactamente el 3 de junio, se empezará a exigir gradualmente el marchamo ecológico --o ecomarchamo--, una medida que busca controlar mejor las emisiones de los vehículos y en consecuencia depurar el ambiente.
Simplistamente, algunos de sus detractores señalan que los únicos a quienes se les debería exigir es a los autobuses y camiones de carga, a diesel, que expelen esas nubes negras que todos vemos de vez en cuando. Esto no es más que hollín, en verdad contaminante, pero mucho menos dañino que el monóxido de carbono y el plomo que despiden los motores de gasolina.
Lo importante es saber que el ecomarchamo, impulsado por el Ministerio del Ambiente y Energía, con la asesoría de la Fundación Suiza para el Desarrollo (Swiss Contact) y la participación de diversas instituciones, pretende reducir en alrededor de un 35 por ciento la contaminación producida por los carros. Y adicionalmente, propiciar el mantenimiento preventivo de los vehículos para beneficio de sus propietarios, que tendrían que incurrir en menores gastos de reparación y obtendrían ahorros de combustible de entre un 10 y un 20 por ciento gracias a un mejor afinamiento de los motores.
Además, Costa Rica estaría saliendo al encuentro de una amenaza que podría tornarse inmanejable en poco tiempo, como ha ocurrido en otros países.
Según estudios que ha realizado la Universidad Nacional, la contaminación en San José, por ejemplo, todavía no es muy grave, en parte gracias a las corrientes de aire que dispersan los residuos y actúan como un filtro natural del ambiente. Pero nadie garantiza que con el incremento en la flota vehicular y los cambios climáticos, la situación permanezca bajo control.
¿Valen más los dolores de cabeza, mareos, somnolencia, problemas de aprendizaje, lluvia ácida, en fin, el entorno sombrío que estaríamos heredando a nuestros hijos, que los ¢2.100 que cuesta el ecomarchamo? La respuesta es obvia.
