Agua e infraestructura vial

En otras ciudades y, especialmente, en las zonas rurales, si bien el sistema tiene una cobertura aceptable, el tema de la calidad es más relevante.

Si bien en la mayor parte de los casos esta es apta para el consumo humano, su potabilidad no siempre está garantizada. Sin embargo, en el tema de alcantarillado y tratamiento de aguas servidas, aunque la población no lo percibe tan directamente, la situación es patética. Esto último debe ser un macro tema, con amplias implicaciones medioambientales, que debe ser definido como política nacional

Calidad del agua no es solo potabilidad. Implica, además, cobertura, continuidad del servicio, presión, protección y mantenimiento de los ecosistemas y, sobre todo, una óptima infraestructura de conducción, que disminuya los riesgos de contaminación posplanta y, sobre todo, que evite daños colaterales a la infraestructura vial.

El énfasis regulatorio debe enfocarse a garantizar el abastecimiento, a un ritmo congruente con el crecimiento poblacional y las necesidades del desarrollo nacional. Pero, simultáneamente, se debe avanzar en la mejora de la calidad. Faltan plantas potabilizadoras, especialmente en las Asadas. Pero purificar el agua puede ser un desperdicio si más del 50% del agua que sale de las plantas nunca llega a los centros de consumo, por una pésima infraestructura de conducción. Y en eso, el país tiene un rezago de 40 años.

Las tuberías enterradas bajo las calles de las ciudades y pueblos están obsoletas. Hay tubos metálicos de casi 100 años, cuyo nivel de deterioro es desconocido, pero que se hace evidente por la cantidad y frecuencia de las fugas visibles, las que salen a la superficie. Desconocemos cuántas más se van directamente al subsuelo y nunca identificamos. Y lo más grave es la recontaminación que se puede producir por el eventual contacto con aguas servidas u otros focos.

Pero el problema no se queda allí. Es más que evidente la mala infraestructura vial de nuestras ciudades. No nos referimos solo a la cantidad de calles ciegas; la enfermiza tendencia a poner “muertos o policías dormidos” en cualquier calle; urbanizaciones con una sola salida a una vía angosta; temor patológico a la construcción o ampliación de puentes sobre simples riachuelos o quebradas y, ni qué hablar del miedo a los viaductos o puentes elevados, etc.

De la obsoleta infraestructura de los acueductos se deriva otro de los crónicos problemas nacionales: la pésima calidad de las superficies de rodamiento de las vías. Y no tanto porque las municipalidades o el MOPT no inviertan en la renovación de asfaltos o pavimentos, sino porque, cada vez que se hace una obra, casi de inmediato empiezan a aparecer los lloraderos de agua, quizás, efecto de la compactación o simplemente porque las tuberías de conducción no dieron más. Es deprimente, a los pocos días de que se ha asfaltado una calle, ver las cuadrillas que llegan a arreglar las fugas y a destruir la calle. Es patética la cantidad de cicatrices que dejan esos remiendos de corta vida útil, usualmente ejecutados con impericia, no sin antes sin haber dejado, por un buen tiempo, el hueco, apenas relleno con lastre, como si intencionalmente se quisiera que los compensadores y rótulas de los vehículos lo compacten.

Corresponde al ente regulador no solo llamar la atención sobre este problema, sino, además, traer a la consideración de los usuarios que el precio que se está pagando por los servicios esconde los verdaderos costos. Este tipo de externalidades no están incorporadas. A los prestadores de los servicios corresponde buscar los desarrollos tecnológicos que existan y diseñar un programa de inversiones a mediano plazo, para presentarlo a la Autoridad Reguladora.

Es tarea de la Aresep hacer las modificaciones metodológicas que sean necesarias para incorporar en las tarifas los recursos necesarios para realizar las inversiones. Pero las acciones concretas no pueden esperar más.