
Los antiglobalizantes (grupo que -entre otros- incluye a sindicalistas de instituciones del Estado, empresarios que disfrutan del proteccionismo, estudiantes y docentes de universidades públicas, intelectuales de izquierda, hippies , new agers, muchos artistas, marxistas y curas seguidores de la Teología de la Liberación) se oponen a la operación del mercado competitivo, pues sostienen que "la globalización hace más ricos a los ricos y más pobres a los pobres". Los globalizantes (entre los que se encuentran los liberales, libertarios, la mayoría de los economistas, trabajadores de empresas privadas, trabajadores informales, los socialdemócratas modernos y prácticamente todos los consumidores del país) afirman que "la globalización hace más ricos a los ricos y más ricos a los pobres". En otras palabras, la globalización favorece a todos y, por tanto, si se busca el bienestar general, esa institución debe favorecerse.
¿Cuál grupo tiene la razón? Un estudio de David Dollar y Aart Kraay, del Banco Mundial, titulado El Crecimiento es Bueno para los Pobres (2000) analizó la evidencia de ochenta países durante cuatro décadas y lo que ella mostraba sobre la relación crecimiento y bienestar de los pobres (definidos estos como el quintil de menor ingreso de la sociedad). Los múltiples episodios analizados hacen que el estudio sea muy abarcador y sus resultados, bastante confiables. Los hallazgos vale la pena comentarlos, especialmente en un momento en que el Congreso, y la ciudadanía en general, estudian (con preocupante lentitud) la conveniencia de que Costa Rica ratifique el tratado comercial conocido como CAFTA y (con preocupante rapidez) un nuevo paquete tributario.
Dollar y Kraay utilizan métodos econométricos y aíslan con gran precisión los fenómenos de su interés. Sus conclusiones son las siguientes: no encontraron evidencia de que el crecimiento acelerado sólo favorezca a los grupos más pudientes y aumente la desigualdad. Del crecimiento se benefician pobres y ricos, pues sus ingresos crecen pari passu con el crecimiento de la producción nacional (medida por el PIB). Y este efecto es igual en países ricos que en países pobres. La apertura comercial favorece el crecimiento del PIB. La operación de un régimen de derecho y la disciplina fiscal favorecen tanto a los pobres como a la economía en general. Las crisis económicas, que se traducen en decrecimiento del PIB, también afectan el ingreso de los pobres y de los ricos en la misma proporción (aunque en el primer caso pueden tener efectos más dolorosos, pues los ingresos son más bajos para comenzar, lo cual justifica que el Estado adopte políticas de protección de ingreso, del tipo "red de seguridad" social).
Los más pobres. El estudio también encontró que las medidas dirigidas a controlar la inflación son más favorables para los grupos de menores ingresos que para los pudientes o, como dicen los autores, ellas son super pro-poor . Sin embargo, no se observó gran beneficio en los aumentos del denominado "gasto social" en que incurren los Gobiernos (por ejemplo, en educación y salud públicas), lo cual no deja de ser extraño. Es cierto que las ventajas de una mejor salud y educación no se traducen inmediatamente en mejores empleos y en mayor productividad, pero sí deberían tener algún efecto favorable en este sentido. Los autores argumentan que la mayoría del gasto social analizado carece de la focalización necesaria y no hay garantía de que él sirva especialmente a los más pobres. (En otro estudio que consulté se concluye lo mismo, pero se destaca que las inversiones en planificación familiar sí se traducen, en relativo corto plazo, en disminución de la pobreza, aparentemente porque la reducción en el tamaño de las familias eleva el ingreso promedio).
Lo anterior lleva a la siguientes moralejas: primera, quien se opone a la apertura económica y a la estabilidad macroeconómica, quizá sin quererlo, se opone al bienestar de su prójimo menos pudiente. Segunda, los esfuerzos por controlar la inflación son bienvenidos. Las medidas promovidas por el exministro de Hacienda Federico Carrillo para mantener balanceadas las finanzas públicas, aunque fuera a costa de no invertir en ciertos caminos, evitó un deterioro de la situación de los pobres del país. (Es cierto que el bacheo de una calle vecinal, que une dos playas en la costa pacífica, quizá favorece a los propietarios de BMW que ese lugar visitan. Pero, si esa obra se financia con mayor inflación, el costo para los pobres sería muy alto).
Tercera, la falta de focalización del gasto público costarricense (por ej., del "gasto social" en renglones como educación superior, pensiones, privilegios a empleados de instituciones autónomas, etc.) lleva a que este favorezca a los grupos más pudientes del país, no a los pobres. Si, en este entorno, se insiste en elevar la carga tributaria mediante tasas progresivas en el impuesto sobre la renta, eso alejará la inversión que se requiere para mantener el dinamismo de la economía, lo cual afecta a ricos y pobres. Y, si el aumento se da vía impuestos indirectos que, como el de Ventas, pagan todos por igual, entonces la situación de los más necesitados también empeoraría.
Por eso, más que pensar en reformas tributarias , que solo se proponen trasladar más recursos del sector privado al Gobierno, el país debe abocarse a estudiar objetivamente cuál es la mejor reforma fiscal para un entorno globalizado, a efecto de que la actividad estatal no desestimule el crecimiento económico y para que, más bien, ella sabiamente favorezca a los grupos de menores ingresos. Eso nos obliga a adoptar un esquema lógico de impuestos, no distorsionante ni expoliatorio, a revisar la calidad, eficiencia e impacto del gasto público en Costa Rica...y a corregir lo que proceda.