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Zeinab Abu Ouna, una fotoperiodista del diario egipcio al-Watan, fue encarcelada por las autoridades de ese país bajo el cargo de difundir “noticias falsas”, el 17 de agosto de 2018. Abu Ouna forma parte de un grupo de 19 comunicadores que se encuentran apresados en esa nación de Oriente Medio por ese aparente delito.
Según el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en ingles), varios gobiernos de corte autoritario están aprovechando la lucha contra las “noticias falsas” para atacar a la prensa crítica.
Además de los 19 comunicadores detenidos en Egipto, en Camerún se mantiene tras las rejas a cuatro periodistas, en Ruanda a tres, en Marruecos a uno y en China a uno.
En total, el 2018 cerró con 28 detenidos por difundir “noticias falsas”, según cifras del CPJ.
La cantidad de periodistas detenidos por ese cargo, alrededor del mundo, pasó de nueve en 2016 a 28 en 2018, es decir, un crecimiento del 211%, en dos años.
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La misma fórmula
El método empleado para acallar a la prensa crítica, alegando un combate a las “noticias falsas”, se repite en los países que tienen comunicadores detenidos.
Por lo general, impulsan reformas legales para tipificar el delito y fijan penas de prisión; al tiempo que el proceso para determinar si una publicación periodística es falsa, lo realizan, normalmente, instancias judiciales que no son independientes o ministerios de comunicación ligados directamente a los mandatarios.
Así ocurre en gobiernos cuestionados por prácticas autoritarias, como el de Abdelfatah al-Sisi en Egipto, donde se impulsan cambios legales de ese tipo.
Además, casualmente, los acusados siempre laboran para medios que cuestionan a los gobiernos, tal como ocurrió en Egipto, donde varios de los encarcelados objetaron la transparencia de las elecciones presidenciales de 2018, en las que al-Sisi logró la reelección con el 97% de los votos emitidos.
Otra práctica común es mantener a los periodistas el mayor tiempo posible en la cárcel, antes de dictar una sentencia o llevar el caso a juicio. Por ejemplo, desde que la fotoperiodista egipcia Abu Ouna fue apresada en agosto, las autoridades de su país le renuevan la prisión preventiva cada 15 días, sin que se tenga idea de cuándo se le llevará a juicio.
Propuesta de cárcel en Costa Rica
En Costa Rica, el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) presentó en 2018 un proyecto de ley que propone penas de cárcel para enfrentar la problemática de las “noticias falsas”.
“Será sancionado con pena de uno a cuatro años de prisión a quien fabrique y difunda, a través de medios informáticos, una noticia falsa capaz de distorsionar o causar perjuicio a la seguridad y estabilidad del sistema financiero o de sus usuarios.
No obstante, desde el 2012, en la denominada Ley de Delitos Informáticos se establece una sanción carcelaria, incluso más severa, para quienes difundan noticias falsas.
Así consta en el artículo 236 de esa legislación, que reformó el Título VII del Código Penal: “Será sancionado con pena de tres a seis años de prisión quien, a través de medios electrónicos, informáticos, o mediante un sistema de telecomunicaciones, propague o difunda noticias o hechos falsos capaces de distorsionar o causar perjuicio a la seguridad y estabilidad del sistema financiero o de sus usuarios”.
La iniciativa que está en el Plenario y que es impulsada por el jefe de fracción del PUSC, Erwen Masís, sí amplía los castigos penitenciarios a otros ámbitos que no aparecen en la Ley de Delitos Informáticos (N°. 9048).
"La misma pena indicada en el párrafo anterior (uno a cuatro años de prisión) se impondrá a quien fabrique y difunda, a través de medios informáticos, una noticia falsa con el fin de afectar la decisión del electorado en un proceso de plebiscito, referéndum o elección nacional o extranjero.
"La pena será de tres a seis años de prisión cuando a raíz de la difusión de la noticia falsa sobreviniere peligro de muerte para una o varias personas”, dice el proyecto 21.187, denominado Ley para combatir la ciberdelincuencia.
‘Educar’ a la población
El promotor del proyecto, Erwen Masís, defiende las penas de cárcel por difundir “noticias falsas”, como un mecanismo para “educar” a la población.
“Nos gustaría creer que 10 años después de la aprobación del proyecto podremos ver la sentencia a prisión como algo ilógico y considerar su reforma, pero para eso primero tenemos que comenzar un proceso de educación al costarricense sobre el problema real que provocan las fake news y para eso se ocupan sentencias reales que resalten la importancia del delito”, dijo el legislador a La Nación.
Según Masís, el proyecto no busca ser una herramienta para acallar voces críticas, sino que pretende actualizar la legislación ante un fenómeno global.
“A partir de la apertura de la redes sociales se ha creado un espacio digital en el cual individuos con intenciones negativas pueden publicar información errónea o falsa que puede denigrar y estar en contra del honor de un individuo, sin ninguna pena o regulación.
"Con este proyecto se busca cambiar este agravante, tomando en cuenta el daño directo que realice la noticia falsa como medida para establecer la sentencia indicada a cada caso”, expresó el socialcristiano.
