La ley permitirá que durante los tres meses previos a una elección, los candidatos y partidos políticos pueden denunciar contenidos que consideren falsos, para que un juez los evalúe y, de ser necesario, frene su distribución en un plazo máximo de 48 horas.
Además, autoriza al Estado a expulsar de ese país europeo a medios de comunicación extranjeros que “atenten contra la estabilidad de Francia”.
Elsa Faucillon, parlamentaria del Partido Comunista Francés y una de las opositoras a la iniciativa, calificó en Twitter la nueva legislación como “inservible” y aseguró que representa un peligro ya que “provocará autocensura”.
Una posición similar expresó Constance Le Grip, de la agrupación de centro derecha, Los Republicanos, quien dijo al medio inglés The Guardian, que “en el mejor de los casos la nueva ley es inaplicable e inútil".
Medios internacionales como Bloomberg y especialistas en redes sociales como Fabrice Epelboin, profesor de la universidad francesa Sciences Po, también vaticinan que la ley no va a funcionar debido a la dificultad que representa identificar a los autores y el origen de los contenidos falsos.
Epelboin dice que la legislación “es vista como una ley de censura” y advierte que “solo va a reforzar el sentido de desafío en contra de la prensa y los políticos, que ya están desacreditados en Francia”.
Por su parte, las plataformas de comunicación rusas RT y Sputnik se pronunciaron en contra de la nueva ley, pues aseguran que busca atacar a la prensa internacional critica.
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El Gobierno de Macron, por su parte, defiende la iniciativa y aboga por la regulación del contenido que se difunde en Internet.
El ministro de Cultura francés, Françoise Nyssen, calificó de “un deleite” que el Parlamento “haya pasado un texto balanceado y efectivo, que juega a la altura del problema”, asegurando que la ley será una herramienta para proteger la democracia francesa.
Durante la campaña en que fue electo presidente, Macron fue atacado constantemente con informaciones falsas. Las publicaciones se centraron en su preferencia sexual y en el supuesto uso de cuentas bancarias en las Bahamas para lavar dinero.
