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La necesidad de un techo digno para una familia de escasos recursos es la carne que nutre a los “zopilotes” de la vivienda.
Amparados en las amenazas, las falsas promesas, el engaño y hasta los golpes, estos estafadores sacan miles de colones de personas que confían en sus palabras para obtener un lote o un bono para una casa de interés social.
Ayer el Ministerio de Vivienda le entregó a La Nación los primeros datos de un informe sobre las principales quejas de ticos en materia de vivienda. En los últimos 12 meses recibió 306 denuncias a través de su número telefónico gratuito (800-VIVIENDA).
De este total, el 53,59 por ciento de las llamadas (164) son de personas que se quejan porque hicieron pagos a estafadores.
Hilando aún más fino, el viceministro del ramo, Ramiro Fonseca, confirmó que la valoración de estas denuncias desembocó en la investigación de 14 supuestos “zopilotes”.
De ellos, cuatro ya enfrentan cargos por estafa ante el Ministerio Público. Si se confirma el delito, estos hombres y mujeres se exponen a penas de prisión que van de dos meses a 10 años, según la cantidad de dinero obtenido en forma fraudulenta.
Cómo operan, dónde están
El informe dice que estos “zopilotes” se aprovechan de la ingenuidad y desconocimiento de las familias. Por lo general se mueven en precarios o en zonas donde habita gente de escasos recursos.
Según fuentes del sector, en al menos una de las acusaciones, el “zopilote” llegó a golpear a la persona que lo denunció.
También ocurre, relatan algunos vecinos de Tirrases de Curridabat, en San José, que estos individuos intimidan a las personas con golpes o sacándolos de una finca invadida.
Ese sería el caso de una mujer quien prefirió no revelar su nombre. “El tipo me dijo que si le reclamaba la plata que le dí me podía golpear o quién sabe qué más, por eso preferí quedarme callada”.
La mayoría de las denuncias ante el Ministerio se produjeron en San José (Goicoechea, Desamparados, Alajuelita y Curridabat); le sigue Heredia (centro, San Rafael, Barva, Sarapiquí y Santo Domingo).
También aparecen decenas de afectados en Matina, Siquirres y Pococí de Limón; así como Osa, Golfito y Garabito en Puntarenas y Valverde Vega en Alajuela.
Ramiro Fonseca agregó que en todos estos casos se buscan documentos y testimonios para confirmar que las 14 personas investigadas son efectivamente “zopilotes”.
No descartó que aparezcan más. “Estos 14 son los que más denuncias tienen en su contra, pero no son los únicos”, dijo.
Desventajas
La principal desventaja con la que trabajan las autoridades es la falta de “papeles” que comprueben el fraude.
Parte de la astucia de estos personajes es no entregar recibos o facturas a cambio del dinero que le exigen a los supuestos beneficiarios de un bono o un lote.
Según Shirley Molina, una de las afectadas de un precario en Tirrases, Curridabat, el hombre que la estafó le decía: “Si usted confía en mí no tiene que pedirme papeles”.
Para el ministro del ramo, Helio Fallas, casos como el de esta señora hay cientos y muchas veces no se denuncian porque los afectados tienen miedo de que el “zopilote” pase de las amenazas a los hechos.
Fallas agregó que estas advertencias incluyen sacar a las familias de proyectos de vivienda que no existen, o amedrentarlos con golpes o con la amenaza de que les quemaran el ranchito en el que viven.
Así, en los últimos 16 meses, el Ministerio entregó en zonas pobres, 5.000 ejemplares de un librito que resume el perfil de estos individuos, timos y dónde denunciarlos.
