EscucharUn análisis realizado por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) de las intervenciones en empresas financieras en los últimos diez años, reveló que el 67 por ciento de los casos ocurrieron por una "mala dirección técnica" de las firmas.
El crecimiento acelerado del financiamiento, una deficiente política de crédito, deficientes controles internos y la actitud de que "nunca pasa nada", desembocó en crisis de solvencia (problemas de pago) y liquidez de algunos entes financieros costarricenses.
El dato, revelador y preocupante, le sugirió a la Sugef la necesidad de promover un cambio en su esquema de supervisión, con el objetivo de mantener la estabilidad y la confianza del sistema.
Según Bernardo Alfaro y Helbert Pineda, superintendente e intendente de entidades financieras, a partir de setiembre próximo el órgano supervisor pasará de un enfoque preventivo, basado en la determinación del riesgo, mediante indicadores financieros, a una "evaluación cualitativa de su trabajo".
Ambos anunciaron el nuevo plan en una entrevista con La Nación, en la cual participaron los redactores Edgar Delgado, Patricia Leitón e Ismael Venegas, y la colaboradora Nidia Burgos.
Sugef propone un análisis más exhaustivo del trabajo de las juntas directivas y gerentes en la administración del riesgo de las entidades financieras.
Más con la gerencia
"Determinaremos si la junta directiva y la gerencia toman papeles activos en la actividad. Vamos a confrontar sus planes estratégicos con los de acción. Evaluaremos si existen políticas claras para otorgar créditos, cómo realizan las inversiones, su política de administración de personal y el manejo de los sistemas de información gerencial", explicó Alfaro.
En la actualidad, la Sugef aplica un esquema de intervención que evalúa el riesgo de los intermediarios, mediante la utilización de indicadores financieros (de crédito, liquidez, de flujo de fondos y de variaciones en el tipo de cambio) y operacionales (sistemas gerenciales inadecuados, malos controles internos y fraudes).
La Sugef fue creada en noviembre de 1995, con el objetivo de fiscalizar a los bancos públicos, privados, las financieras, mutuales de ahorro y préstamo, cooperativas de ahorro y crédito y las asociaciones solidaristas.
Bernardo Alfaro llegó a la entidad el 4 de enero pasado, en sustitución de Maggie Breedy, quien renunció a su cargo, tras cuatro años en el puesto.
En otros temas, Alfaro y Pineda, destacaron que, a pesar de las recientes intervenciones en Viviendacoop (8 de marzo) y First Pennsylvania (17 de marzo) y las anteriores en el Banco Federado, Caja Central, Bancoop y Coovivienda, no "hubo riesgo de contagio en el sistema". (Véase cuadro aparte.)
"La gente aisló el problema. Lo definió -según Alfaro- como un problema de las cooperativas de financiamiento de la vivienda, que afectó a los dos bancos cooperativos. No hubo contagio hacia el resto del sistema".
Sin responsabilidad
Sobre las críticas de que, conociendo la irregular situación financiera de una entidad, la Sugef actúa tarde, el Superintendente argumentó que la institución "no es una garantía para los inversionistas".
"A nosotros nos ven con cara de instituto de seguros y que debemos salir a responderle a los inversionistas por las pérdidas. Hay muchas razones por las cuales un banco se puede caer y que están fuera de nuestro control, como los fraudes o la pérdida de competitividad en el mercado. Lo que nos mueve es procurar que el sistema, como un todo, mantenga su estabilidad", afirmó Alfaro.
Ambos, además, solicitaron una reforma a la Ley del Sistema Financiero para la Vivienda, que le permita a los intermediarios de ese sector captar recursos a largo plazo y resolver el descalce de plazos que les agobia.
Este es un extracto de la entrevista, en la cual el superintendente Alfaro responde a las preguntas.
-¿En qué consiste el nuevo esquema de supervisión de los intermediarios financieros?
-Buscamos determinar el papel de la junta directiva y la gerencia en la administración del riesgo. Deseamos verificar la congruencia de sus planes estratégicos y los de acción, su política en la concesión de crédito, la planificación de sus inversiones y hasta la administración del personal.
-¿Cuáles son las razones del cambio?
-Nos dimos cuenta que un 67 por ciento de las intervenciones de los últimos 10 años fueron producto de una mala gestión técnica como concentración del riesgo, créditos vinculados, "descalce" de plazos, mala gestión de cobro y falta de controles internos.
-¿Cuál ha sido la reacción de las entidades supervisadas?
-Nos hemos reunido con ellos para explicarles la conveniencia del nuevo esquema de supervisión. Las cámaras nos han hecho observaciones por escrito. Ellos creen necesaria la nueva supervisión, pero les preocupa la forma en que la realizaremos.
-¿Cuándo arrancará el nuevo esquema?
- Pensábamos que en julio; sin embargo, con certeza, empezaremos en setiembre.
-A la Sugef se le critica que, conociendo la difícil situación financiera de una entidad, su reacción es muy lenta y tardía ¿qué opina al respecto?
-La gente tiende a decir que cuando se "cae" un banco es culpa de la Sugef y eso es una afirmación muy peligrosa.
"Hay muchas razones por las cuales un banco puede cesar sus operaciones, desde fraudes, que se planean muy bien y que cuesta mucho determinar, hasta la pérdida de competitividad por la competencia.
"No estamos llamados a impedir que los bancos fracasen. Lo que hacemos es analizar su comportamiento y ver si se están desviando de un comportamiento normal".
- Si la Sugef conoce el estado financiero de los supervisados ¿por qué no actúa a tiempo?
-Eso no es tan así. La Sugef muchas veces nota el deterioro de una empresa y se reúne con los personeros para poner en práctica un plan de saneamiento. Lo típico es que la entidad corrija los problemas y vuelva a mostrar indicadores normales. Eso, el público no lo conoce.
"La Sugef solo puede intervenir por ley cuando se producen tres causales, antes no. Las tres causales son: la pérdida del 50 por ciento de su patrimonio, la cesación de pagos por problemas de liquidez y la administración "temeraria", que pone en riesgo la solvencia y seguridad de la empresa".
Crisis en vivienda
-¿Por qué el Sistema Financiero para la Vivienda entró en problemas?
-Ese sistema tiene particularidades muy curiosas. Hay un problema estructural difícil de resolver. Son entidades que por su naturaleza tienen su cartera concentrada en activos de muy largo plazo y sus captaciones son de corto plazo. Eso produce un "descalce" de plazos abismal.
-¿Cuál es la solución para ese sistema?
-Necesita un cambio legal, que le permita captaciones de mediano y largo plazo para hacer frente a su cartera. Alguien debe sentarse a pensar en la solución de la asimetría de los plazos. En el caso de las mutuales será necesario un cambio en su constitución legal. Por ejemplo, la Sugef no les puede decir "necesito que me aporten capital" porque no tienen de donde tomarlo.
"Una solución sería el desarrollo de los fondos de inversión y los planes de pensiones complementarios ya que son demandantes de recursos de largo plazo.
-¿Cuál es el diagnóstico de las cooperativas de ahorro y crédito?
-Es un sistema que a febrero de 1999 mantiene un nivel global de normalidad. Sus indicadores de eficiencia no son tan buenos, como los de la banca, pero este es uno de los 15 indicadores que aplicamos. En otros, hacen las cosas muy bien y eso les da una nota ponderada de normalidad.
Financieras
-¿Que pasó en la intervención de la First Pennsilvania?
-Fue la primera vez que la Sugef utilizó la causal de una administración que puso en riesgo la solvencia y seguridad de la empresa. Hubo hechos que indicaron una gestión inadecuada. Pero hay que tener mucho cuidado en estos casos porque se puede afectar su imagen.
"Por ejemplo el auditor externo no encontró papeles de inversiones por ¢800 millones en diciembre y nuestra gente los vio en setiembre. Esa fue la señal de alarma."
-¿Creen que la Sugef tiene la capacidad de supervisar a 98 intermediarios?
-Lo estamos haciendo con 260 personas. El problema más serio es que 60 funcionarios nuestros están repartidos en cinco entidades intervenidas.
"No descartamos la posibilidad de contratar empresas que nos brinden ese servicio y que sean pagadas por el intervenido. La ley nos lo permite".
