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La nueva viceministra administrativa de Educación, Silvia Víquez Ramírez, aseguró ayer que no aceptará imposiciones para nombrar a profesores.
Víquez dijo que analizará cualquier recomendación de diputados o grupos organizados, pero advirtió que en la decisión final “prevalecerá la parte legal y técnica”.
La funcionaria anunció que someterá a revisión los procesos de nombramiento de docentes para garantizar que no haya favoritismo.
El Ministerio de Educación Pública (MEP) realiza unos 7.000 nombramientos interinos al año pero no utiliza los mismos parámetros que usa el Servicio Civil para nombrar en propiedad.
La nueva viceministra fue presentada ayer por los ministros Rodrigo Arias (Presidencia), y Leonardo Garnier (Educación).
Víquez sustituirá a José Lino Rodríguez, quien dejó el puesto el 3 de enero anterior luego de que la Comisión de Ética del Poder Ejecutivo concluyó que había violado el código ético del Gobierno.
A Rodríguez se le investigó por nombrar en puestos del MEP a su esposa, su hermano y su sobrina.
Arias afirmó ayer que el nombramiento de Víquez se basó en una recomendación de Garnier.
La vacante de viceministro administrativo generó un pulso entre varios sectores pues este funcionario no solo maneja los nombramientos y traslados, sino también un presupuesto anual por ¢700.000 millones.
Días atrás, 34 profesores de la denominada “secretarías de educación” del PLN, estructura creada por José Lino Rodríguez, pidieron al Gobierno elegir al nuevo viceministro entre tres candidatos afines a su organización.
Cautela. Los gremios de educadores recibieron ayer con cierta cautela la nueva designación.
Jesús Vásquez, presidente de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza y José Antonio Barquero, de la Asociación Nacional de Educadores, esperan que Víquez les permita aportar sus ideas y un mayor acercamiento.
