EscucharUn tribunal de arbitraje será el que decida sobre una millonaria demanda establecida contra la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) por la firma Diseños Eléctricos y Mecánicos (Dimel S. A.) contratada para elaborar los planos eléctricos de los hospitales de Alajuela y Liberia.
Se trata de un litigio que se inició en 1997 a raíz de que la Caja no aceptó los trabajos aduciendo que no cumplían con los requisitos técnicos estipulados en la licitación y por supuestos incumplimientos en los plazos de entrega.
La demanda se interpuso el 31 de marzo de 1997 en el Juzgado de lo Contencioso y Civil de Hacienda; la firma Dimel S. A. exigió el pago de ¢1.000 millones por los planos del hospital de Alajuela y ¢650 millones por los del hospital de Liberia.
En ese entonces, fungió como abogado de la empresa Luis Fernando Bolaños Vargas, del bufete Calderón & Asociados.
Bolaños dijo a La Nación la semana anterior que dejó el caso hace alrededor de dos años por motivos personales.
La decisión de llevar el asunto a un arbitraje fue confirmada a este diario por el presidente ejecutivo de la CCSS, Rodolfo Piza, y por el abogado Joaquín Vargas Gené, quien respalda a la compañía Dimel S. A. en esas gestiones.
Piza dijo: "La institución espera solucionar este diferendo de la mejor manera; hay que esperar la decisión de los árbitros".
Vargas Gené, por su parte, prefirió no ahondar en detalles sobre el proceso de arbitraje.
El contrato a favor de Dimel S. A. lo suscribió la CCSS mediante un concurso de antecedentes y una licitación privada en junio de 1993, pero el rechazo de los planos estancó el resto de las obras.
Rodolfo Piza anunció el pasado 17 de agosto que actualmente siete consorcios seis de ellos extranjeros disputan la posibilidad de adjudicarse la licitación para diseñar, construir y equipar al nuevo hospital alajuelense, que será financiado con un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por $37 millones ( unos ¢11.470 millones).
En el caso de Liberia, se destinarán ¢6.200 millones de un préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para la construcción y equipamiento de ese centro de salud.
La empresa
Los actuales miembros de la junta directiva de Dimel S. A. figuran en una escritura de protocolización de los acuerdos de la Asamblea General de esa compañía realizada el 16 de mayo de 1997 de la cual La Nación tiene copia.
El presidente de la firma es el ingeniero Humberto Vargas Corrales, quien aseguró a La Nación que a raíz de los problemas con la Caja, la empresa tuvo que cerrar pues no le pudo hacer frente a diferentes obligaciones con varios acreedores.
Vargas laboró como ingeniero eléctrico de la CCSS hasta 1993; luego pasó a trabajar con Dimel S. A.
Esta empresa tuvo su sede en una edificación ubicada 400 metros al sur de la iglesia católica de Zapote. Sin embargo, hace unos dos años se retiró de ese lugar.
Como secretario de la compañía figura Guillermo Badilla Vásquez; como tesorero Ricardo Retana Avendaño y como fiscal Róger Retana Avendaño.
La abogada Norma Vargas Duarte funge como agente residente.
Sin embargo, al ser consultada, Vargas dijo que desde hace varios años no tiene contacto con la compañía.
Puntos de discordia
El lío entre la CCSS y Dimel se remonta al año 1996.
Ese año, la institución decidió dar por terminada la relación contractual con Dimel S. A., luego que un órgano director nombrado para investigar las supuestas anomalías con los planos determinó que no reunían la calidad requerida.
En consecuencia, la entidad acordó en setiembre no pagar los trabajos e iniciar un proceso contra Dimel S. A. por daños y perjuicios.
Sin embargo, en la demanda establecida por Dimel S. A., de la cual La Nación tiene copia, Humberto Vargas sostuvo que la calidad de los planos fue respaldada por el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica, entidad que, según afirma, no hizo cuestionamientos a los planos.
Vargas Corrales adujo que su empresa tuvo problemas para la ejecución del contrato debido a que la Caja supuestamente incumplió con el suministro de información para la elaboración de los diseños.
El ingeniero añadió que a raíz del conflicto su empresa sufrió problemas económicos que a la larga produjeron la quiebra pues se vieron imposibilitados de cumplir obligaciones contraídas con diversos acreedores.
