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Uno de cada tres trabajadores percibió, durante el año pasado, un salario inferior al mínimo establecido por ley.
En total fueron 588.796 personas cuyo pago mensual estuvo por debajo de los ¢156.625, que en ese entonces establecía la ley como salario mínimo minimorum , que es el sueldo de protección legal que el Estado garantiza a los trabajadores.
De hecho, el ingreso promedio mensual de estos trabajadores fue de tan solo ¢116.924.
Los datos fueron tomados del Informe del Estado de la Nación , documento que advierte sobre la violación de los derechos laborales de la población y su incidencia sobre la desigualdad social.
El estudio destaca que la pobreza se habría reducido de 17,7% a 11,1% si todas las personas ocupadas que percibieron ingresos por debajo del salario mínimo, hubiesen ganado al menos el monto establecido por ley.
Mientras, la pobreza extrema habría bajado dos puntos porcentuales: de 3,5% a 1,5%.
La socióloga e investigadora del programa Estado de la Nación , Isabel Román, señaló la gravedad de que no se cumplan la medidas ideadas para evitar que crezca la brecha social.
“No estamos hablando de nada extraordinario, simplemente que se respete la ley: es lo mínimo”, enfatizó.
Román manifestó que los datos deben contemplarse como un llamado de atención al Ministerio de Trabajo y a las carencias en el tema de inspección.
Consultado al respecto, el ministro de Trabajo, Álvaro González, reconoció que no tienen suficientes inspectores.
Detalló que solo cuentan con 130 funcionarios para realizar dicha labor, con los cuales, añadió, no pueden cubrir ni el 10% de las empresas del país.
Para González, el irrespeto al pago del salario mínimo es una consecuencia de la crisis económica. Añadió que muchos empleadores optaron por reducir costos en las planillas.
La mayoría de trabajadores que reciben menos del salario mínimo viven en zonas periféricas y son personas jóvenes: uno de cada cuatro tiene menos de 25 años.
Además, dos de cada tres (del total de personas que gana menos del mínimo) no ha completado la educación secundaria.
Entre las principales ocupaciones a las que se dedican están construcción, servicios domésticos y agricultura.
Un 24% del total trabaja por cuenta propia; aquí se incluye a quienes se dedican al comercio informal (ventas ambulantes).
Irresponsabilidad. Tyronne Esna, secretario de la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum, criticó el “desinterés de los empresarios” por garantizar los derechos de los trabajadores.
Aseguró que el Gobierno ha fallado en la materia laboral.
“No basta con programas sociales para reducir la pobreza: se requiere una política integral en empleo”, indicó.
El ministro González comentó que ya se está trabajando en una política nacional de empleo que incluirá acciones a largo plazo.
Según dijo, tal política se presentará a mediados del 2010.
La Nación intentó obtener una reacción por parte de los representantes de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones Empresa Privada (Uccaep), pero fue imposible localizar a sus voceros.
