Las universidades públicas rechazaron el nuevo recorte de ¢8.048 millones aprobado por los diputados del Partido Pueblo Soberano (PPSO) en la Comisión de Hacendarios de la Asamblea Legislativa. Este monto corresponde a fondos postergados del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) que el ejecutivo acordó el año anterior girar en tractos a las casas de educación superior, por lo que el Consejo Nacional de Rectores (Conare) señaló un incumplimiento a lo pactado.
El recorte, votado este 10 de noviembre, responde a la aprobación de la moción 9 del expediente 25.803 correspondiente al Segundo Presupuesto Extraordinario de 2026.
La moción fue votada positivamente por los oficialistas Nogui Acosta, Gréthel Ávila, Gerald Bogantes, Cindy Murillo, Daniel Siézar y Kattia Ulate, todos del PPSO. Con votos en contra estuvieron: Ángela Aguilar y Diana Murillo, de Liberación Nacional (PLN), y María Eugenia Román y Antonio Trejos, del Frente Amplio (FA).
Días atrás, Pueblo Soberano aprobó otra moción, para recortar otros ¢8.048 millones en el presupuesto para 2027.
“La decisión afecta el financiamiento de la educación universitaria pública e incumple el compromiso suscrito el 20 de noviembre de 2025, en el marco de la Comisión de Enlace, entre representantes del Gobierno de la República, las universidades públicas y la representación estudiantil. (...) En conjunto, ambas decisiones representan una disminución de ₡16.096 millones de los recursos del FEES”, indicó Conare en un comunicado de prensa.
En diciembre, tanto el gobierno como Conare comunicaron que se acordó que el Ejecutivo empezara a girar a las universidades públicas los ¢62.590 millones de fondos postergados del FEES correspondientes a los años 2020 y 2021 en ocho tractos anuales. El plan era empezar a hacerlo este 2026.
Según el Consejo, integrado por las cinco universidades públicas, estas decisiones debilitan la confianza en los procesos de negociación y vulneran la seguridad jurídica, al desconocer compromisos formalmente asumidos entre el Gobierno y las casas de educación superior estatal.
Impacto en las regiones costeras y rurales
Para los rectores de la Universidad de Costa Rica (UCR), Universidad Nacional (UNA), Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC), la Universidad Técnica Nacional (UTN) y la Universidad Estatal a Distancia (UNED) las reducciones “comprometen el funcionamiento de las universidades públicas y la continuidad de los servicios que ofrecen a la población” como programas de becas, mantenimiento de las instalaciones, equipamiento de laboratorios, entre otros.
“El impacto es especialmente significativo en las regiones costeras y rurales fuera de la Gran Área Metropolitana, donde las universidades públicas acercan la educación superior la población y generan oportunidades de formación profesional. La reducción de recursos puede limitar la presencia universitaria en estos territorios y las posibilidades de miles de jóvenes de iniciar y concluir una carrera”, advirtió Conare.