La Universidad de Costa Rica (UCR) ingresó al curso lectivo hace una semana con su sede principal -la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, en San Pedro de Montes de Oca- colapsada pues faltan recursos e infraestructura para responder a la presión de los estudiantes que buscan cursar en ese centro la carrera que anhelan.
El propio rector de esa casa de estudios, Gabriel Macaya Trejos, es quien describe la situación. No obstante, esa carencia no hace mella en su orgullo por la academia pública, en un momento en el que las universidades del Estado asesoran el proceso de concertación nacional que impulsa el presidente electo, Miguel Angel Rodríguez.
Macaya revela que la UCR piensa evaluar su propia capacidad para atender la demanda de estudiantes. Sus esperanzas están puestas en las sedes regionales, las que se buscará fortalecer para que absorban parte del crecimiento de la población; pero no pierde de vista que tal proyecto dependerá en buena medida de las negociaciones que entablarán este año con el gobierno sobre el financiamiento de las universidades públicas
Además, el rector del principal centro de estudios superiores del país aplaude la inspección de las universidades privadas por parte del Ministerio de Educación Pública (MEP), pero censura las pretensiones del gobierno entrante de apoyarlas a cambio de contribuciones gratuitas a estudiantes y comunidades de escasos recursos.
Este es un extracto de la entrevista que concedió el pasado sábado.
-¿Cuáles son los retos de la UCR para 1998?
-Estamos muy preocupados con la capacidad de la universidad para atender la demanda. Vamos a hacer un estudio sobre la infraestructura, disponibilidad de recursos, y problemas como duración de estudios. Tenemos que optimizar el uso de los recursos y fortalecer la capacidad en las sedes regionales.
-Usted aseguró que ya no hay población flotante. ¿Hasta qué punto la optimización de recursos ha permitido a las escuelas absorber realmente a toda esa población?
-Se logró asumir el número de estudiantes que se puede con los recursos que se tienen. La población flotante existía por el método de ingreso que había. Pero tampoco hay que hacerse ilusiones. Estamos creando ahora lo que se puede llamar una población de traspaso, es decir, gente que está en una carrera pero quiere ir a otra. Sin embargo, ahora las reglas del juego están más claras. El estudiante sabe exactamente cuáles son las carreras que tienen mayor demanda.
-¿Cómo lograr un equilibrio entre lo que el estudiante quiere y lo que la UCR le ofrece?
-Siempre vamos a tener unas nueve o diez carreras de mayor demanda. Pero la responsabilidades de una universidad pública no es solo responder a esa demanda, que es lo que fundamentalmente hacen las privadas, sino también pensar en el conjunto de profesionales que necesita el país. El equilibrio vendrá de los procesos de orientación vocacional y de que el estudiante sepa cuáles son sus posibilidades reales dentro de la universidad.
-¿Qué espera del nuevo gobierno en relación con las universidades públicas?
-El gobierno electo ha manifestado su apoyo al plan de financiamiento actual: un fondo indexado a la inflación. Pero también ha prometido apoyos complementarios. Hasta el momento esa ha sido la oferta. Después del 8 de mayo negociaremos cómo se va a materializar.
-¿Qué papel juegan esas universidades dentro del proceso de concertación?
-El futuro gobierno consideró que las universidades podían contribuir con la definición de los temas de concertación, de la metodología a seguir y aportar datos o la crítica a las cifras usadas en la concertación. Pero nosotros no vamos a hacer la concertación. Esa es una responsabilidad del nuevo gobierno. Hay un grupo definiendo cómo las cuatro universidades pueden ayudar en el proceso.
-¿Qué opina sobre la pretensión del PUSC de contribuir con las universidades privadas a cambio de servicios gratuitos?
-Consideraría un error que el Estado tenga relaciones privilegiadas con las privadas. Los principales oferentes hacia el Estado deberían ser las universidades públicas. Desde hace muchos años el Estado se relaciona con ellas. Por ejemplo, no hay ninguna prohibición para que profesores de universidades públicas laboren en las privadas. Así, gran parte de la capacitación de los recursos humanos de las privadas ha sido a cuenta de la academia pública. Hay que aclarar esas relaciones, regulando, por ejemplo, el trabajo de los profesores de las públicas en las privadas.
-¿Está de acuerdo con la decisión del MEP de inspeccionar a las universidad privadas?
-Siempre he creído que el Estado tiene una responsabiliad de regular y supervisar las universidades privadas, porque el sistema actual sólo ve un cumplimiento de condiciones para la apertura de esos centros, pero luego no se sabe qué pasa con esos programas.
-¿Las considera una competencia real?
-Nunca he querido plantear las actividades de las universidades privadas como una competencia. Creo que las ofertas académicas entre la educación pública y la privada son distintas. Algunas privadas puedan tener una oferta que se parezca, pero globalmente es diferente. La razón de ser de las privadas es responder a la necesidad del mercado. La misión de la universidad pública va mucho más allá, Buscamos una formación integral, humanística, buscamos otros objetivos.
-En su programa de gobierno, el PUSC habla de fomentar la venta de servicios de las universidades ¿Piensa la UCR complementar sus recursos por esta vía?
-Desde hace varios meses el Consejo Universitario estudia una propuesta para dar un marco político y de regulación a la venta de servicios en la UCR pero preservando siempre la misión institucional.