A pesar de que desde mediados del año pasado el Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) recibió un informe donde se advertía la necesidad de ordenar la circulación de bicimotos en el país, a la fecha el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), no ha definido cómo implementará dicha regulación.
Inicialmente, las autoridades habían asegurado que a inicios de este año se contaría con los resultados de un nuevo estudio, que se elaboró a partir de varias mesas de trabajo con entes involucrados y luego se determinarían los alcances de la normativa y su aplicación. Sin embargo, aunque dichos resultados ya fueron entregados, el MOPT no tiene la regulación entre sus temas prioritarios.
El viceministro de Transportes, Carlos Ávila, aseguró la semana anterior que, debido a que la nueva directora del Cosevi asumió hace un mes ese cargo y él también se integró a la junta directiva del Cosevi hace poco, no han revisado el tema.
“Había temas también urgentes que teníamos que resolver y se le ha dado prioridad a eso. Eso lo tenemos en el radar y tenemos que sentarnos a revisarlo. Hay que hacer unas validaciones con parte de los técnicos y hay que hacer esas reuniones con los técnicos”, aseguró Ávila sin precisar cuándo se tendría dicha normativa.
En febrero anterior, el asesor jurídico del Cosevi, Carlos Rivas, confirmó a este diario que debido al cambio de ministro de Obras Públicas y Transportes, tras la salida de Mauricio Batalla y el nombramiento de Efraím Zeledón como jerarca, el documento no había podido verse en junta directiva.
En esa oportunidad, el asesor jurídico aseguró que antes de llegar a manos del ministro, el documento debía ser aprobado en la junta directiva del Cosevi.
¿Qué dice el informe?
El informe que el equipo técnico conoció a inicios de año, no varía de los resultados del estudio que en junio anterior urgía solicitar licencia de conducir, inscripción de las bicimotos ante el Registro Nacional, pago de marchamo y cumplir con la revisión técnica vehicular.
Además, mantendría la prohibición de la circulación e importación de bicicletas con motor artesanal, debido a que estas no están contempladas en ninguna normativa y representan un alto riesgo.
Según indicó el asesor jurídico en esa oportunidad, el documento contemplaba las recomendaciones, pero corresponde al ministerio determinar cómo las implementará.
En las mesas de diálogo para la elaboración de dichos insumos participaron autoridades de Hacienda, el Registro Nacional, el Instituto Nacional de Seguros (INS), la Policía de Tránsito, importadores y otros.
Entre los temas de discusión, uno de los más complejos ha sido determinar si es necesario crear alguna categoría de vehículos que no están contemplados en la legislación vigente, donde sí se incluyen las bicimotos.
Parte de la discusión surge además porque la Ley de Tránsito ya es clara en especificar los requisitos que deberían exigirse a este tipo de vehículos, independientemente de que tengan o no pedales.
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Esa normativa establece que la bicimoto es cualquier vehículo de dos ruedas que posee un motor con una cilindrada menor a 50 cc o una potencia inferior a los 5 kW en caso de ser eléctricas. Estas pueden tener o no pedales y, a diferencia de las bicicletas asistidas, el motor se puede acelerar sin necesidad de tracción humana.
Aquellos vehículos cuyo motor es de más de 50 cc o con una potencia superior a los 5 kW entran en la categoría de motocicletas, tengan o no pedales. En ambos casos se deben exigir los requisitos anteriormente mencionados.
Las autoridades de Tránsito han aclarado que, bajo esas condiciones, los únicos vehículos exentos de requisitos son las bicicletas convencionales o las llamadas bicicletas asistidas, que funcionan con un motor eléctrico que se acciona con el pedaleo.
El director de Tránsito, Oswaldo Miranda, aseguró a este diario días atrás que uno de los problemas que enfrentan actualmente es que no se tiene certeza de cuántas bicimotos hay actualmente circulando y reconoció que un alto porcentaje de las muertes en carretera corresponden a este tipo de vehículos, que circulan al margen de la ley.