EscucharPocas horas después de que la Contraloría General de la República lo conminó a rescindir el contrato de fumigación en fronteras con Oirsa, el Gobierno anunció anoche que acatará la orden.
"Procederemos de conformidad", dijo el ministro de la Producción, Alfredo Volio, en un boletín de prensa recibido a las 8:55 p. m.
Previamente, el ente contralor había dado a Volio un plazo de 15 días hábiles para anular el convenio, o de lo contrario, lo denunciaría por "desobediencia".
El ultimátum de la Contraloría surgió luego de que La Nación publicó la semana pasada que Oirsa realiza las aspersiones en fronteras, puertos y aeropuertos con agua y cobra por insecticida.
La Contraloría también reclamó al ministro Volio que, "una vez más", omitió entregar informes técnicos y de resultados de la fumigación, así como del destino de los fondos públicos.
En el comunicado de anoche, enviado por la oficina de prensa de Casa Presidencial, el funcionario afirmó que el Estado asumirá los servicios de fumigación, pero aún estudia cómo.
El boletín admite que hay confirmadas anomalías "atribuibles a la administración anterior". Sin embargo, el documento omite precisar qué responsabilidades le corresponderían al Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (Oirsa).
Agua. La investigación de La Nación demostró, además, que no hay fundamento técnico para justificar la necesidad de realizar los tratamientos y sus tarifas.
Pese a las anomalías, Volio había afirmado que el contrato es conveniente para el país y que pediría criterio a funcionarios que han manejado el convenio.
La Contraloría recordó ayer a Volio que es responsabilidad del MAG (ahora Ministerio de la Producción) realizar periódicamente la supervisión técnica y administrativa del servicio. Durante el día se dejaron varios mensajes al funcionario, pero no hubo respuesta.
Oirsa es una entidad regional a la que el MAG cedió las aspersiones de vehículos en las fronteras y otras fumigaciones en 1988.
El Organismo recauda un monto de ¢1.470 millones en Costa Rica y desde su inicio se negó a rendir cuentas, toda vez que, en su opinión, los fondos son privados.
Sin dar cuentas. Investigaciones de este diario revelaron que, ante la ausencia de fiscalización, funcionarios de Oirsa y del MAG utilizaron el dinero en regalos, sobresueldos, viajes, carros y otros.
El año pasado la Contraloría ordenó que se le diera acceso a toda la información o se rescindiera el convenio y el entonces ministro, Rodolfo Coto, inició la rescisión.
El nuevo titular, Alfredo Volio, anuló lo decidido y anunció que Oirsa le entregaría la información de los últimos cuatro años.
No obstante, la Contraloría señaló ayer que Volio "determinó en forma unilateral" que bastaba con entregar solo datos de los últimos cuatro años, cuando el acceso debe ser "irrestricto".
Además, la información que Volio envió hace unos días "es escueta y en varios casos imprecisa", e "insuficiente para permitir verificar la veracidad, razonabilidad y legalidad de los ingresos y gastos".
A la espera. El diputado de Acción Ciudadana, José Joaquín Salazar, también expresó su molestia con Volio, pues solicitó el detalle de todos los gastos hechos en los últimos años y recibió "un cuadrito".
"Esto la verdad es que no me dice gran cosa. Voy a insistir porque esto no es lo que esperaba", dijo.
La Nación pidió el detalle de cada desembolso, el bien o servicio adquirido y el nombre de quien recibió el dinero. La respuesta fue un resumen de una página de gastos globales.
