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Los alcaldes de los cantones guanacastecos de Liberia y Nicoya, y de Tibás, en San José, tienen una pugna con los regidores que genera acusaciones penales y solicitudes de pérdidas de las credenciales.
Los casos también han llegado a la Contraloría General de la República (CGR) y al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
Al alcalde de Nicoya, Bernardo Vargas Quirós, lo acusan de no realizar licitaciones para arreglar caminos. Según un informe de la auditoría interna, él ejecutó unos ¢40,5 millones sin hacer licitación y sin un acuerdo del Concejo.
Por ello, los regidores Ovidio Jiménez y Elías Cárdenas lo demandaron ante los Tribunales por los presuntos delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, prevaricato y peculado.
Por su lado, Vargas reconoce que hubo “errores administrativos”, pero sostiene que no se actuó de mala fe. Además, alega persecución política.
“Las cosas se están haciendo de la mejor forma, claro que pude meter la pata pero no las manos, las obras están ahí”, enfatizó.
Los regidores propusieron dos veces que se suspendiera por un mes al alcalde, para que se investigue el caso, pero sus mociones no fueron aprobadas por el Concejo.
“En la ejecución de los fondos municipales ha faltado información”, indicó Jiménez.
En Liberia
El alcalde de Liberia, Ricardo Samper, demandó a varios regidores por incumplimiento de deberes y solicitó que les retiren las credenciales para que no puedan ocupar más el cargo.
La acción la presentó el 26 de enero ante tres instancias: Tribunales de Liberia, TSE y CGR.
Según dijo a La Nación , los ediles acusados son Dinette Contreras, Fermín Méndez, Alejandro López, Lilliam Marenco y María Murillo. No obstante, en la acusación el nombre de estas dos últimas personas no aparece, pero sí el del exregidor José Baltodano.
Samper alega que los ediles le obstaculizan el trabajo, pues supuestamente no apoyaron el cobro que le hizo a la cadena hotelera Papagayo, la que pagó en diciembre ¢730 millones por el uso de la zona marítima terrestre.
“También obstruyeron el presupuesto para este año y por ello tengo que trabajar con el del 2003 que es de ¢575 millones. Me han obstruido el proyecto para modernizar el catastro”, dijo el alcalde.
Por su lado, la regidora Contreras rechazó la acusación e indicó que las decisiones tomadas por el Concejo benefician al cantón.
Fermín Méndez considera que han actuado a derecho y que no obstruyen el trabajo de Samper.
“Pueden revisar las actas y notar que hemos apoyado de forma unánime al alcalde en la mayoría de proyectos”, añadió Méndez.
Pugna en Tibás
El alcalde de Tibás, Percy Rodríguez, también está enfrentado con algunos de los regidores.
Una comisión del Concejo detectó supuestas anomalías cometidas por Rodríguez, sobre nombramientos y compra de combustible a crédito sin tener recursos económicos.
Los ediles solicitaron a la Contraloría que en caso de que se detecte alguna anomalía que se recomiende al TSE quitar las credenciales al alcalde.
Rodríguez rechazó los cuestionamientos y más bien demandó a los regidores Lilliana Beer, Emilia Murillo, Víctor Villalta, Elizabeth Solano, Eligio Flores y Marielos Arias por los delitos de abuso de autoridad, prevaricato y falsedad ideológica, debido al informe que elaboraron.
Participaron: los corresponsales Jéssica López (Liberia) y Oliver Pérez (Nicoya).
