San Isidro de El General. Pedir los permisos necesarios a la Municipalidad de Pérez Zeledón para construir una casa o negocio en los distritos de Rivas, Pejibaye y General Viejo, se ha convertido en un trámite casi imposible de realizar.
Esa dificultad se debe a que está obsoleto el Plan Regulador Cantonal, el cual fija las zonas seguras para construir y las que están en riesgo de inundarse.
La historia viene desde 1996, cuando, después del huracán César, se logró determinar todas las zonas propensas a inundaciones, para que fueran auxiliadas por la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).
Elidio Fonseca, asistente de la alcaldía, estimó que esas zonas se calificaron de riesgosas, sin prever las consecuencias.
La alcaldesa, Rosibel Ramos, dijo que el problema es que algunas de esas zonas fijadas como peligrosas para la construcción nunca se llegarían a inundar.
“Hay sitios en las zonas altas de San Isidro en los que no se puede dar permisos, y primero se inundaría el centro del cantón que esos lugares”, comentó.
Ahora, muchas construcciones están paralizadas, cientos de permisos han sido denegados y los habitantes se quejan ante la ausencia de soluciones.
Fonseca afirmó que, si acataran todo lo que estipula el plan, la vida de estos tres distritos se vería paralizada. Sus habitantes tendrían que dejar atrás casas y negocios, y se debería reubicar a cientos de personas a zonas seguras, algo casi impensable.
Otro aspecto que ha puesto a estos generaleños en dificultades, es que, si el Plan designase que sus casas están en zona de peligro, el valor de sus propiedades y negocios se iría al suelo.
A la misma municipalidad la afecta otro elemento: el pago de impuestos, pues la ley exime del pago de impuestos a los dueños en zonas de alto riesgo.
Salida urgente.
Dentro de los proyectos de la alcaldesa, una prioridad es la renovación del Plan Regulador Cantonal.
Ramos aseguró que el cantón necesita urgentemente actualizar ese documento, para lo que se requiere una inversión aproximada de ¢60 millones, dinero que el municipio no tiene.
La salida más viable para el problema está en solicitar la ayuda del Instituo Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), para que sus especialistas efectúen revisiones que determinen realmente cuáles zonas pondrían a los pobladores en peligro y cuáles no.
En estos, días, Ramos negocia con el INVU para que cubra al menos una parte de esa revisión, que se prevé millonaria.