El Juzgado de Trabajo del Primer Circuito Judicial de San José declaró sin lugar la solicitud de declaratoria de ilegalidad de la huelga intermitente de docentes.
Con esta decisión, los jueces laborales mantienen su respaldo a la realización de huelgas políticas en el país, pese a que no está regulada en el Código de Trabajo, como reiteradamente lo ha señalado la Procuraduría General de la República.
La Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) celebra esta decisión como una victoria para el sindicalismo, precisamente porque el Juzgado acepta la huelga contra políticas públicas, y no contra acciones de los patronos, como señala la legislación.
“Esta sentencia reitera una vez más que la huelga contra políticas públicas no está prohibida en Costa Rica de ninguna manera por la legislación nacional e internacional”, señaló Mélida Cedeño, presidenta de APSE.
Precisamente, los sindicatos del magisterio convocaron al movimiento intermitente que inició el pasado 6 de junio, para manifestarse contra el proyecto de ley para acabar con los abusos de las huelgas en nuestro país.
Ese mismo día, el Ministerio de Educación Pública pidió a la Procuraduría General de la República, acudir al Juzgado de Trabajo para solicitar la declaratoria de ilegalidad de la huelga, que finalmente fue declarada sin lugar.
Además, se manifestaron contra la reforma al empleo público y la propuesta para impulsar la educación dual.
En una de las jornadas con mayor participación de docentes, el 19 del mismo mes, el MEP reportó que estudiantes de 2.035 centros educativos no recibieron lecciones porque sus profesores no llegaron.
La afectación se presentó en el 38% de escuelas y colegios. Ese porcentaje se redujo al 2% de los centros en días de protesta posteriores. Se cerraron centros educativos principalmente en Puntarenas y San Carlos.
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El proyecto para acabar con los abusos de la huelga fue presentado por Carlos Ricardo Benavides, diputado del Partido Liberación Nacional (PLN) y presidente del directorio de la Asamblea Legislativa.
El legislador veriblanco impulsa esa propuesta a raíz de que varios de los tribunales, que analizaron la calificación de los movimientos sociales contra la reforma fiscal, entre setiembre y diciembre del año pasado, avalaron las huelgas políticas.
La iniciativa de ley, por ejemplo, también prohíbe los bloqueos en vías públicas o protestas al frente de instituciones que brinden servicios importantes para la ciudadanía, como hospitales.
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El sindicato de APSE adelantó que continuará con su huelga intermitente con algunas jornadas de movilización de docentes al centro de San José, para protestar contra proyectos de ley. Al declararse legal el movimiento, los sindicalistas creen que más profesores se unan al movimiento y por lo tanto afecten a más estudiantes.