Algunos de los vacíos legales que quedaron al descubierto con la aplicación de la Reforma Procesal Laboral, vigente desde julio de 2017, ya fueron identificados por los poderes Ejecutivo y Legislativo, que ahora buscan mediante dos vías los cambios y correciones.
En esa línea, el presidente Carlos Alvarado solicitó a la Procuraduría General de la República (PGR) presentar un recurso de casación ante la Sala II, contra la sentencia que declaró legal la huelga en la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope).
Esa posibilidad está dispuesta en el artículo 600 del mismo Código de Trabajo, según el cual, ese recurso cabe “contra sentencias firmes con autoridad de cosa juzgada material no recurribles para ante el órgano de casación, cuando se estimen violatorias del ordenamiento jurídico”.
Mientras tanto, en la Asamblea Legislativa se tienen para discusión dos proyectos de ley sobre huelgas, presentados por el Partido Liberación Nacional (PLN) y respaldados por el Ejecutivo en el periodo de sesiones extraordinarias, que comenzó el 1.° de diciembre y concluye el 30 de abril del 2019.
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El recurso permitirá delimitar la cancha
La reclamación gubernamental que presentará la Procuraduría ante la Sala II, permitiría que esta instancia cubra el vacío legal que hay sobre huelgas, unificando los criterios de los jueces y creando jurisprudencia en esta materia.
De esta manera, los jueces tendrán que acudir a esa jurisprudencia para resolver todas las declaratorias pendientes sobre el movimiento contra la reforma fiscal. Lo mismo ocurrirá con las futuras huelgas laborales del sector público.
El Gobierno justifica el recurso de casación al aducir que la huelga que este domingo cumple 84 días, la disparidad de criterios de los jueces y la lentitud de las instancias para resolver ponen en peligro la seguridad jurídica del país.
“Como Ejecutivo no podemos perder de vista que en los últimos fallos de los tribunales, se ha generado unos criterios dispares que no brindan la seguridad jurídica que deberíamos tener como país, y cuando digo como país, hablo tanto del sector público como privado”, aseguró el viceministro de Trabajo, Juan Alfaro.
Proyectos liberacionistas con el respaldo del Ejecutivo
En la lista de proyectos de ley convocados para su discusión en el periodo de sesiones extraordinarias, cuando el Ejecutivo toma el control de la agenda legislativa, sobresalen dos iniciativas impulsadas por el Partido Liberación Nacional (PLN), que buscan regular algunos de los vacíos de la legislación laboral sobre huelgas.
El primero fue presentado por el jefe de la bancada verdiblanca, Carlos Ricardo Benavides, con la idea de agilizar el proceso de calificación de los movimientos sindicales, y de establecer parámetros para disolver estas organizaciones en caso de que organicen o inciten a los protestantes a bloquear calles, realizar sabotajes contra bienes públicos o cualquier otro ilícito penal.
La presentación de este proyecto de ley contó además con las firmas de los jefes de fracción de los partidos Acción Ciudadana (PAC) y Unidad Social Cristiana (PUSC), Víctor Morales y Erwen Masís, respectivamente, y otros 29 diputados.
La otra inciativa de ley sobre huelgas convocado por el mandatario fue promovida por la congresista socialdemócrata Yorleni León. El plan de la liberacionista pretende establecer al menos 18 servicios que serían declarados como esenciales, y en los que las huelgas quedarían prohibidas.
Entre ellos están educación, salud y recolección de basura, lo mismo que el suministro de agua, electricidad y combustibles.
Este proyecto surgió de la mano de la declaratoria de legalidad de la huelga de Recope. En este caso, el Tribunal de Trabajo utilizó un criterio no vinculante del Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional de Trabajo, para establecer que el transporte y distribución de combustible no es un servicio esencial para el Estado.
Huelga política continuaría sin regularse
Los proyectos de ley impulsados no contemplan prohibir, aceptar o regular las huelgas contra políticas públicas, por lo que la Sala II será la instancia que podría establecer los parámetros de este tipo de movimientos a futuro, con base en su jurisprudencia. No obstante, el tema continuará sin integrarse a la legislación.
“Como no lo menciona la Reforma Procesal Laboral, los jueces acogieron el criterio del Comité de Libertad Sindical adscrito a la Organización Internacional de Trabajo, pero esta situación da pie para que los diputados se planteen si es necesaria la prohibición de la huelga política, si la van a legalizar o si la van a regular bajo algunos parámetros. Ojalá, si lo hacen, que sea por medio de un acuerdo entre todas las partes", estimó el experto en derecho laboral, Eric Briones.
Solo los sindicatos de la Asociación Nacional de Educadores (ANDE) y la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), así como los empleados de 17 despachos del Poder Judicial se mantienen en pie la huelga contra el proyecto de ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que sería aprobado antes de que culmine el presente año.