EscucharEl Gobierno y los representantes del movimiento de protesta en Limón lograron ayer un acuerdo que puso fin al conflicto desatado el martes anterior.
La integración de varias comisiones, revisión de programas actuales e impulso a nuevos proyectos populares son puntos incluidos en el acta firmada por los representantes gubernamentales y los dirigentes gremiales limonenses.
Tanto los sindicalistas como los ministros involucrados en las negociaciones se declararon satisfechos con lo pactado.
Los negociadores estamparon su firma ayer, a las 5 a. m., tras más de 25 horas en la mesa de discusiones en la sede del Ministerio de Agricultura, en Sabana Sur.
El acuerdo incluye la entrega de 400 bonos de vivienda a los agricultores de menores recursos económicos. El Gobierno también se comprometió a dar trámite a proyectos sugeridos por los agricultores de esa provincia.
"No estamos regalando nada. La indemnización que ellos pedían (¢1.300 millones por cosechas perdidas) fue rechazada y nos centramos en la reconversión productiva. Nuestra responsabilidad es ayudar a producir", declaró Alberto Dent, ministro de Agricultura y Ganadería (MAG).
Por su parte, el presidente de la Federación de Productores de la Región Caribeña (Foprorca), Orlando Rojas, destacó la obtención de los bonos para construir viviendas rurales, así como ayuda para invertir en cultivos.
También el ministro de la Presidencia, Danilo Chaverri, dijo estar conforme con el convenio, pues la alta suma global demandada por los limonenses (c4.300 millones) dificultó la negociación.
"Lo importante es que logramos términos más racionales; ahora hablamos de programas de desarrollo regional, canalizando esfuerzos que ya se venían realizando".
Chaverri advirtió, eso sí, que el Gobierno no retirará las denuncias ante la justicia contra algunos manifestantes que protagonizaron actos violentos el martes en Guápiles, incluida la retención de cuatro policías.
"Yo no pido que retiren las demandas. Demostraré que no soy secuestrador", declaró, por su parte, Orlando Barrantes, uno de los acusados por supuesto secuestro extorsivo.
Otro de los acuerdos que satisfizo a los manifestantes es el del nombramiento de una comisión para redactar un proyecto de ley tendiente a indemnizar a los trabajadores bananeros esterilizados con el químico Nemagón.
